POR DOMINGO ABREU COLLADO
En una época no tan lejana, la extracción de agregados fue la frontera de los conflictos más enconados entre el movimiento ambientalista y las empresas mineras no metálicas, específicamente aquellas empresas dedicadas a la extracción de agregados directamente de los cauces de ríos.

Los ríos más afectados fueron en San Cristóbal el Yubazo, el Nigua y el Nizao, mientras que también fueron ocupados para explotación de agregados los ríos Chavón, en la Romana; Yuna, en Bonao; Amina, en Santiago Rodríguez; Manoguayabo, en Santo Domingo; Haina, en Villa Altagracia, y otras ocupaciones dispersas por diferentes ríos del país.

En términos generales, los conflictos se originaron más por una situación de falta de ordenamiento territorial que por una necesidad económica o de materiales de construcción. Sin embargo, las empresas defendían como una “necesidad del progreso” este tipo de explotación de agregados.

Otros conflictos relacionados con los agregados se presentaban en otras localidades de explotación no metálica, como la explotación de calizas, por ejemplo, cuyas canteras proliferaron enormemente a partir de mediados de los años 70, poniendo en riesgo cuevas de gran importancia cultural indígena, como son las Cuevas del Pomier, en San Cristóbal.

Sin embargo, los impactos ambientales se hacían más evidentes en las extracciones de los cauces fluviales debido al triste espectáculo que ofrecen dragas y camiones metidos en el río destrozando el cauce, aparte del impacto en la vegetación del entorno.

Aunque la Ley Ambiental (64-00) “declara de alto interés nacional el diseño, formulación y ejecución del plan nacional de ordenamiento del territorio que incorpore las variables ambientales”; y aunque especifica que “El ordenamiento del territorio, nacional, provincial o municipal, según sea el caso, tendrá como objetivos principales la protección de sus recursos, la disminución de su vulnerabilidad, la reversión de las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales y alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza,” todavía no se llega a un acuerdo nacional para que esta necesidad tome forma de instrumento y se aplique.

En esa situación tenemos un país con actividades económicas riñendo día por día con el ambiente, con la estabilidad de los suelos, con el equilibrio de los ríos, con las funciones de los manglares, con la permanencia cultural aborigen, con la ecología de las costas, con la fauna del bosque (y con el bosque mismo), con nuestros diversos endemismos y, en consecuencia, riñendo con el futuro de la población humana que lo ocupa.

Aprovechando una exposición del ingeniero Osiris de León realizada en Bogotá, Colombia, sobre el tema del ordenamiento territorial, puntualizaremos algunos aspectos de esa situación de nuestros recursos naturales en relación con esa necesidad.

Los conflictos para el ordenamiento territorial

Aunque el tema es abordado por el ingeniero de León específicamente enfocando el tema minero, sus planteamientos se aplican prácticamente a todos los usos de recursos en la República Dominicana.

Una de esas situaciones es la ocupación de suelos con cualidades agrícolas para el desarrollo de proyectos de viviendas o para ser utilizados en la construcción de complejos industriales o turísticos. Esta ocupación disminuye de inmediato la capacidad productiva de alimentos, aunque en ese momento no esté en producción, pero es necesario tomar en cuenta que todas las poblaciones humanas van en crecimiento, demandando por lo tanto un aumento en su capacidad de producción alimenticia.

Los asentamientos humanos -planificados o no- en zonas vulnerables; tales como zonas de inundaciones, de deslizamientos o con debilidades frente a terremotos, son parte de esa falta de ordenamiento territorial. Las zonas vulnerables no lo son solamente por la posibilidad de riesgo de vidas. Lo son también porque vulneran el desarrollo natural de zonas como lagunas, lagos, ciénagas y otros humedales de agua dulce donde crecen determinadas especies de fauna.

La agricultura, en otros aspectos, “muchas veces han sido desarrolladas en zonas de muy altas pendientes facilitando -indica Osiris de León- la erosión de los suelos, la eliminación del bosque y la contaminación de las cabeceras de ríos y arroyos”.

“Lo paradójico de todo esto -sigue diciendo de León- es que muchos núcleos urbanos han sido desarrollados en valles fértiles cubiertos por los mejores suelos agrícolas, reduciendo así la capacidad de producción de alimentos para el futuro”. Naturalmente, todo esto causa serios conflictos sociales cuyo manejo se va al parcelamiento político y se aleja enormemente del ordenamiento necesario.

La razón del ordenamiento territorial

¿Cómo debe enfrentarse y programarse el uso de suelos?

“Los suelos orgánicos y ricos en nutrientes deben ser utilizados para producción de alimentos. Los suelos de altas pendientes deben ser utilizados para repoblación y protección forestal. Los suelos de llanuras estériles  deben ser utilizados para el desarrollo urbano e industrial”. (De León, 2006) No obstante, bajo la definición de “llanuras estériles” pueden haber grandes extensiones de agregados que pueden también ser la solución de varias décadas de construcción pública y privada. Por lo tanto, el ordenamiento necesita primeramente de manejo técnico que pueda determinar si algunos suelos estériles son en realidad zonas potencialmente mineras.

Un aspecto importante del ordenamiento territorial en relación con el uso de determinadas áreas de proyección turística es el uso de las zonas de playa.

En su exposición, Osiris de León opina que “las franjas de playas deben ser utilizadas para el aprovechamiento turístico sin menoscabo de los recursos naturales”. Cierto, pero el problema es que los proyectos turísticos no ven las zonas de playas como lugares de uso turístico, sino de construcción turística, lo que crea entonces serios problemas relacionados con la necesidad de conservación de áreas naturales de gran importancia para la preservación de la biodiversidad.

Otras zonas que entran por necesidad en el ordenamiento territorial son los nacimientos de ríos y cabeceras de cuencas hidrográficas, las que deben ser protegidas como fuentes de agua.

Ordenando los recursos mineros

El recurso minero más utilizado ha sido hasta ahora el agregado de río. Este quedó también dentro del mandato de ordenamiento territorial de la ley 64-00. Sólo que este mandato ordenaba la preparación del plan de ordenamiento en un plazo no mayor de 3 años, pero ese plazo venció hace tres años ya, y no llegó a realizarse el plan.

Actualmente, el ordenamiento territorial minero “es hoy día una de las prioridades del programa de ciencia y tecnología para el desarrollo en Iberoamérica – CYTED, habiéndose creado una red exclusiva para contribuir a que los países de Iberoamérica desarrollen una minería ambientalmente sustentable y conceptualmente distante de la minería del pasado, la cual contaminaba las aguas, contaminaba el aire y degradaba los suelos”, dice Osiris de León.

Sin embargo -y seguimos citando al ingeniero de León- “ordenar en poco tiempo una sociedad que ha crecido al margen de todo ordenamiento es tarea muy difícil, porque los diferentes actores se niegan a cambiar formas y estilos de trabajo que han heredado de la vieja sociedad”, y esto, en los mineros no metálicos ha sido su principal arma de defensa ante el recurso que explotan.

“El principal conflicto para el ordenamiento territorial minero en la Rep. Dominicana ha sido el problema de las extracciones de agregados de ríos, ya que esta actividad ha provocado graves daños a los cauces, las márgenes y las aguas de los principales ríos del país”. Y esto está a ojos vista, pero las amenazas de inestabilidad política, caos económico y caos social regional esgrimidas por los empresarios de agregados, por lo regular ponen contra la pared cualquier intento de ordenar el territorio.