Hoy 
RAFAEL TORIBIO
La democracia plena tiene tres dimensiones, la político electoral, centrada en la elección de las autoridades; la que hace referencia al estado de derecho y la que da cuenta del bienestar social y económico de los ciudadanos y ciudadanas. Pero ha habido más preocupación por fortalecer la político electoral que las otras dos.
Hemos hecho más esfuerzos por la elección legítima de las autoridades que lograr que éstas, una vez en el poder, lo ejerzan para asegurar los derechos y libertades de las personas y su desarrollo integral, su bienestar.
A pesar de preferir la democracia a cualquier otro régimen de gobierno, las encuestas evidencian que no estamos conformes con el tipo de democracia que tenemos. Lo que tenemos es una democracia parcial. En vez de una democracia de «ciudadanía», que abarque sus tres dimensiones, tenemos una democracia electoral que es deficiente en materia de derechos humanos y altamente deficiente en la solución de los problemas que afectan el presente y el futuro de las mayorías nacionales. Elegimos bien para que nos gobiernen mal.
La situación respecto a la vigencia de un verdadero estado de derecho, además de la inseguridad ciudadana generalizada y las muertes de presuntos delincuentes en los «intercambios de disparos», queda evidenciada en toda su precariedad si consideramos los datos suministrados por FINJUS con relación a la lucha contra la corrupción: en los últimos 25 años se presentaron 250 expedientes acusatorios, de los cuales ocho terminaron con una sentencia y tan sólo tres fueron condenatorias.
Si en la dimensión de la democracia que tiene que ver con el estado de derecho tenemos graves limitaciones, a pesar de los avances logrados, en la que se refiere al bienestar de las personas, el déficit es enorme. La última encuesta Gallup nos revela que el 82% de las familias tienen problemas para cubrir sus necesidades básicas pues el 42% no pueden cubrirlas con los ingresos que reciben y a otro 40% después de satisfacerlas no le queda para nada más. Y esto a pesar de ser el país de mayor crecimiento económico de la región, y del mundo en algún año.
Por otra parte, en algunas instituciones y órganos del Estado el desempeño de sus funciones son motivos adicionales de descontentos y preocupación. En la Administración Pública, en vez de funcionarios al servicio del Estado tenemos militantes del partido ganador desempeñando un cargo público, por el solo mérito de ser del partido.
Se denuncia la existencia de una partidocracia que impide que la gestión gubernamental descanse en una burocracia estable y profesional, pero se hace muy poco para impedirlo en un gobierno que proclama, precisamente, la modernización como su principal característica.
La fiscalización de los recursos manejados por los órganos del gobierno y las instituciones del Estado está en manos de una Cámara de Cuentas que no cuenta, y cuando lo hace, cuenta mal, salvo cuando se trata de aumentarse la remuneración de sus miembros. Entonces cuenta muy bien.
Cuando los pueblos se cansan de acudir religiosamente a elegir sus autoridades, sin que los gobiernos les resuelvan los problemas, aparecen las críticas a la democracia, a sus instituciones fundamentales y el descontento con la política y los políticos. Entonces se crean las condiciones para la aparición de alternativas políticas, internas o externas al sistema de partidos, que no siempre representan un avance en el fortalecimiento de la democracia.
¿Hasta cuándo podremos seguir viendo gobiernos que se suceden, elegidos democráticamente, mientras los problemas permanecen? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir votando, no por el mejor candidato, sino por el menos malo?
