POR PEDRO GERMOSEN
La Cámara de Diputados acogió ayer sin enmiendas, en única lectura, las observaciones del Poder Ejecutivo a la ley sectorial de Areas Protegidas, como lo hizo en la víspera el Senado, lo que convierte la pieza definitivamente en ley.

Pese a la oposición de las bancadas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), la ley fue ratificada por 104 diputados de un total de 137 presentes, ya que sólo 33 votaron en contra.

Las observaciones del Poder Ejecutivo redujo las áreas de varios parques nacionales, entre ellos el Jaragua y el del Este, a fin de permitir su explotación turística.

La legislación recorta al Parque Nacional del Este una franja de un largo de mil metros a partir de la pleamar, desde el litoral costero hacia tierra adentro, y de 300 metros de ancho desde el litoral costero hacia el mar, en la costa occidental del citado parque.

Del Parque Nacional Jaragua, las enmiendas del Ejecutivo reducen un área compuesta por cuatro polígonos, que establece como Area Nacional de Recreo, entre la que figuran la playa de Cabo Rojo, Playa Larga y Playa Costinilla.

En uno de los adendums, el Ejecutivo elimina la propusta de crear el Parque Nacional Submarino de Punta Cana.

Al ser conocidas ayer las observaciones del presidente Hipólito Mejía, el diputado reformista Noé Sterling Vásquez, de Barahona, pidió la liberación del asunto de lectura y estudio de comisión, lo que fue aprobado por 104 votos a favor y dos en contra.

La discusión se centró, por un lado, sobre si era necesario o no una votación especial de las dos terceras partes del hemiciclo, como dispone el artículo 41 de la Constitución, para acoger las observaciones del Ejecutivo, y, por el otro, en torno al fondo de la pieza.

Los diputados Minou Tavárez Mirabal, a nombre del bloque del PLD, y Pelegrín Castillo, de la FNP, advirtieron que la pieza debía aprobarse con mayoría especial.

Por su lado, los defensores de la ley, entre éstos Luis José González Sánchez (PRSC-Bahoruco), Israel Terrero (PRD-Pedernales), Anny Contreras (PRSC-Elías Piña), y el vicepresidente del hemiciclo, Manuel Sánchez (PRD-Pedernales), planteaban lo contrario.

De cualquier forma, la votación final, de 104 votos a favor, sobrepasó las dos terceras partes de la matrícula de la Cámara, integrada por 150 miembros. En el Senado la aprobación hecha el viernes pasado se produjo por unanimidad, con el voto de los 26 senadores presentes.

La diputada Tavárez Mirabal dijo que esta legislación enajena las áreas protegidas porque fue concebida sin fundamentarse en estudios técnicos serios sobre los recursos naturales.

Manifestó que el bloque del PLD rechazaba y condenaba tanto la ley como las observaciones del Poder Ejecutivo.

Al intervenir, el diputado Sánchez dijo que las posturas de quienes habían intervenido revelaban la división de clases y señaló que, particularmente, a los de apellidos sonoros, entre los que citó a Pelegrín Castillo, nada les importaba el destino de los niños y pobladores en general del Sur que pasan hambre y viven en miseria extrema porque no se les permite explotar racionalmente los recursos naturales.

Dijo que Castillo ni siquiera ha visitado nunca las poblaciones empobrecidas del Sur profundo.

Al agotar un turno, Terrero defendió la necesidad de los pobladores de explotar racionalmente los recursos naturales señalando que en Bahía de Las Aguilas, según confirmó con inspectores de la zona, apenas anidan anualmente 27 tortugas.

Señaló que de los cuatro polígonos en que se divide el Parque Jaragua, apenas se dedicará a la explotación turística un tres por ciento.

En su intervención, Pelegrín Castillo expresó que el turismo ecológico es más provechoso económicamente que el de sol y playas o convencional que se quiere hacer en el Parque Jaragua, que significa, sostuvo, daños graves a la biodiversidad.

Por otro lado, varios dirigentes del grupo Ecosistema Catorce montaron un piquete frente a la sede del Congreso contra la ratificación de la Ley Sectorial de Areas Protegidas.

En un documento, los ecologistas, encabezados por Luis Carvajal, Eleuterio Martínez y Domingo Abréu Collado, advirtieron que las modificaciones introducidas al Sistema Nacional de Areas Protegidas significan la pérdida irremisible de acuíferos fundamentales para la vida de regiones enteras.

Asimismo, agregaron, esa legislación provocará la destrucción de ecosistemas costeros vitales para la pesca, el turismo y la estabilidad de playas.

Asimismo, señalaron, la legislación obliga a un modelo de turismo que se constituye en limitante del crecimiento al monopolizar y privatizar el uso de espacios públicos, eliminar la libre inversión, reducir la capacidad de carga y negar a la población el derecho constitucional al libre acceso.

El documento también lo firman José Manuel Mateo, Noris Pimentel, Eleuterio Abad, Candelario Peña, Lisete Gil, Esteban Polanco, Milton Martínez González, Elfrida Pimentel, Ricardo Nieves, Víctor Almánzar, Rafael Chávez y Nelson Pimentel.