El diputado Henry Sarraff sometió ayer el controvertido proyecto sobre Ley de Lemas, que permitiría a un partido presentar hasta cinco candidatos presidenciales y vicepresidenciales a partir de las elecciones del 16 de mayo de este año y tres por cada senaduría en los comicios congresionales próximos.

Por su lado, el senador Mario Torres, de Dajabón, puso a circular un anteproyecto similar. Ambas piezas legislativas modificarían el artículo 67 de la Ley Electoral.

En su primer artículo, la pieza legislativa original del diputado Sarraff establece el voto preferencial para presidente y vicepresidente de la República, así como para senador.

En su artículo segundo, propone que cada elector pueda escoger al candidato de su preferencia, dentro de una lista que presente cada partido.

«No se podrá votar por más de una candidatura, ni por más de un partido, a menos que dos o más partidos lleven candidaturas comunes», expresa el proyecto de Sarraff.

El artículo cuarto dispone que «al votar por una candidatura, se está votando al mismo tiempo, por el partido que representa la candidatura. Un voto no podrá acreditarse a más de una candidatura ni a más de un partido”.

En su artículo quinto, el proyecto establece que el escrutinio de los votos se hará de la siguiente forma:

“a) Se suman todos los votos obtenidos por cada candidatura, de cada partido, obteniéndose una tabla con los resultados acumulados por cada candidato dentro de un partido.

“b) Luego se totalizan los votos obtenidos por las candidaturas de cada partido y se determina qué partido obtuvo mayor cantidad de votos, para ser acreedor del triunfo.

“c) Inmediatamente, se asigna el triunfo a la candidatura más votada dentro del partido más votado. Es decir, a aquella candidatura que obtenga mayoría simple de votos en la sumatoria del partido ganador”.

El artículo sexto dispone que «en el caso presidencial, si al hacerse la sumatoria de las distintas candidaturas presentadas por cada partido, ninguna obtiene mayoría absoluta de votos en la primera vuelta, como establece la Constitución, se procederá a una segunda vuelta donde participarán la candidatura más votada, de los dos partidos más votados.»

Un párrafo del artículo séptimo establece que si las autoridades de un partido se negaran a inscribir algunas de las candidaturas a presidente y vicepresidente de la República aprobadas por la Convención Nacional, «cualquier órgano competente del partido, con categoría nacional, podrá hacer dicha inscripción por ante la Junta Central Electoral.»

Un párrafo segundo del mismo artículo dispone lo mismo para el caso de las candidaturas a senador.

En su artículo octavo, el proyecto deroga el acápite «c» del artículo 69 de la Ley Electoral, número 275-97, que reza: «Ninguna propuesta deberá contener más de un candidato para cada uno de los cargos que deban ser cubiertos por elección.»

Agrega que también quedan derogados cualesquiera otros artículos de la misma ley y sus modificaciones, que entren en contradicción con el espíritu de la Ley de Lemas.

VIOLA CONSTITUCIÓN

Por su lado, el senador del Distrito Nacional, José Tomás Pérez, advirtió que la Ley de Lemas violaría de manera flagrante los artículos 90 y 91 de la Constitución, que establecen que el voto de los ciudadanos es directo, y que regulan el sistema de doble vuelta.

En las dos rondas, significó el legislador peledeísta, sólo pueden participar las candidaturas que más votaciones hayan obtenido, sin prever en ningún caso las sumatorias de votos por partido.

«Considero ilegítimo y antiético que en medio de un proceso electoral se quisiera cambiar las reglas del juego, para beneficiar una parte y perjudicar otra, que es exactamente lo que puede pasar si aprueban la ley de marras», dijo el senador Pérez mediante declaraciones escritas.

Señaló que es inconcebible que los dirigentes y legisladores perredeístas crean que pueden jugar con la suerte institucional y democrática de la República Dominicana, «introduciendo elementos desquiciantes desde el punto de vista político y jurídico, con el sólo móvil aparente de resolver sus disputas internas, pero que pudieran tener derivaciones ocultas, muy funestas contra el sistema constitucional democrático establecido.»

Recordó que desde septiembre del 2001 en América Latina rige la Carta Democrática de Lima, de protección a la democracia.

Señaló que ese instrumento sirve de muro de contención internacional a cualquier atentado contra el sistema institucional de los países suscribientes.