Resulta muy inquietante que los malos ejemplos se imitan, no solo entre los seres humanos, sino también entre los países circunvecinos, como es el caso de Guatemala, donde se pretende blindar a los políticos poderosos y legisladores que cometen actos de corrupción, lavado de activos, ocultamiento de ganancias ilícitas, malversación de recursos públicos, lo cual desemboca en la prevaricación que llevan adosada como rémora al tráfico de influencias.

En la edición del periódico Diario Libre del 14 de septiembre del año en curso, en la página 7, aparece una minúscula información cuyo título fue el siguiente: “Guatemala amplia el blindaje a los políticos”, a propósito del expediente que tiene abierto el presidente en funciones Jimmy Morales, acusado de financiación electoral ilícita, por presuntamente haber aceptado recursos para la campaña política que lo llevó al poder. Lamentablemente en nuestro país sucedió lo mismo y la actitud de nuestro Congreso ha servido de fiel modelo, para que el guatemalteco pretenda ejecutar lo mismo.

Los políticos guatemaltecos tienen bien presente en el año 2015, la intervención del juez colombiano, Dr. Iván Velázquez Gómez, quien dictaminó prisión preventiva contra el pasado presidente Otto Pérez Molina (a) Tito y su vicepresidente Roxana Baldeti, acusados del caso especial de defraudación ilícita y cohecho pasivo, después de descubrirse una amplia red de defraudación aduanera, la cual gestionaban ambos desde sus altos cargos. Esta grave acusación fue presentada por Iván Velázquez, director de la Comisión Internacional contra la Impunidad, muy similar a nuestra Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEI), que no obstante estar abiertos en el país tantos procesos de corrupción e impunidad, este organismo no vislumbra en los momentos actuales, iniciar el primero.

Nuestros jueces de las altas cortes han demostrado su incapacidad para librar la batalla contra la impunidad, ya que en lugar de dictar severas medidas de prisión preventiva, optan por la de arresto domiciliario y presentación periódica, como en el escandaloso último caso, en donde el juez cambió la prisión preventiva por una Garantía económica que los inculpados procedieron a pagar a la compañía aseguradora, con los mismos recursos distraídos. El haberles impuesto impedimento de salida y visita periódica mensual no es un aval seguro, ya que con una frontera abierta, esasson medidas inseguras e intrascendentes. A la memoria traigo a colación el caso del Administrador de INESPRE José Michelen, quien solo tuvo que traspasar la frontera y cambiarse el nombre por John White.

El caso de Guatemala es sui generis, ya que el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata al juez Velázquez y el Congreso modificó de manera sorpresiva el Código Penal para blindar los directivos de los partidos políticos de ser castigados por ese delito, mediante mociones privilegiadas, las cuales fueron aprobado por el pleno de ese organismo.

Como podrán notar los amables lectores, en vez de copiar las cosas buenas que suceden a nivel internacional gracias a que en los países del primer nivel los corruptos no son protegidos por la impunidad y la mayoría de los casos, cuando cualquier funcionario delinque y es descubierto, renuncian al cargo, lo cual no sucede en nuestros países donde esos funcionarios se “hacen los chivos locos” y descaradamente y sin rubor permanecen en sus puestos.

Si esta marejada de corrupción e impunidad se convierten en un tsunami en los demás países del Continente americano, debemos concluir con la frase premonitoria del gran Libertador Simón Bolívar: “he arado en el mar”.