Juan Bolivar Díaz 
Con gran parte de las actividades nacionales reanudadas y estabilizada la expansión del coronavirus, ya no se discute que la nación celebrará las elecciones presidenciales y congresuales el 5 de julio próximo y la Junta Central Electoral avanza en el calendario de ejecución, aunque le falta la reestructuración del clave departamento de Informática.
El esfuerzo de las comunidades en el exterior también abre paso al voto de la diáspora, asegurado ya para el 85% de los empadronados, faltando Nueva Jersey, Washington y Holanda, y apenas ayer se lograba en España, donde pedían una prórroga por dos días del plazo, para ubicar 9 de 58 mesas en Madrid y las de Asturias, ya con autorización sanitaria.
Camino a la normalidad. Con la mayor parte de las actividades en camino a la plena normalización y estabilizada la expansión del coronavirus, la población aprende a vivir con la pandemia y crecen las perspectivas para el éxito de las elecciones presidenciales y congresuales reprogramadas para el 5 de julio, hasta el punto que ya no se discute en los medios si podrán ser celebradas en esa fecha.
Es significativo que el miércoles arrancó la segunda fase de la reactivación, que proseguirá con una tercera el día 17, programándose la normalización total para cuatro días antes de las elecciones. Aunque quedan pendientes las actividades docentes, de hoteles, restaurantes y bares, deportivas, artísticas y sociales, en las jornadas diurnas las ciudades alcanzan casi la normalidad, con los habituales taponamientos del tránsito, especialmente en las entradas y salidas de las urbes y los suburbios.
También es relevante que a pesar de las aglomeraciones, especialmente en el transporte, los mercados y el pequeño comercio, el crecimiento de la pandemia ha mantenido estabilidad, con un incremento de 323 contaminados y 5 fallecimientos en promedio diario durante los 17 días de reactivación. Y la última semana, hasta ayer viernes, el promedio de contaminados por día se redujo a 257, y los fallecimientos a 4, claro indicativo de mejoría.
Resalta que la mayoría de las contaminaciones siguen concentradas en el Gran Santo Domingo, que ayer registraba el 64% de los que estaban en cuidados intensivos. El 75% fallecen en la gran urbe y 7 provincias. Ese mismo promedio de los contaminados se ha registrado en el DN y 5 provincias, mientras en otras 12 provincias apenas llegaban al 1.5%. Eso implica que en gran parte del territorio nacional la incidencia de la pandemia no debería afectar la concurrencia a las urnas.
Tareas pendientes en JCE. La JCE ha dado pasos decisivos en la actualización del calendario de acciones preparativas para los comicios, incluyendo la impresión de las boletas y la adquisición de los materiales, incluidos los del necesario saneamiento de los locales e instrumentos de votación, así como para el personal operativo. El director nacional de elecciones dio seguridades de que disponen de los 80 mil que integrarán los 16 mil colegios electorales, y que tienen suficientes reservas para sustituciones. Pero no dijo qué proporción de los mayores de 65 años han declinado, ni si están consultando su disponibilidad.
Una de las cuestiones más delicadas que tiene pendiente la JCE es la reestructuración de su departamento de Informática, imperativa después del fracaso de los comicios municipales en febrero y los informes técnicos de expertos internacionales que lo atribuyeron a la programación electrónica y su operatividad, lo que generó la cancelación de su director, Miguel Angel García. De acuerdo a la Ley Electoral esa tarea tiene que hacerse en consulta con los partidos, algunos de los cuales han pedido una reestructuración más allá del cambio de director.
El organismo electoral también tiene pendiente responder instancias de los partidos que han solicitado medidas adicionales a las ya adoptadas para garantizar la salubridad en los locales electorales, como la extensión en 2 horas del horario de votación, una franja inicial para los mayores de 65 años, que son más de 1 millón 800 mil, supresión del entintado de dedos y prueba de temperatura a los operarios de los colegios y delegados de partidos. También se ha sugerido que se permita que los electores usen bolígrafo propio para marcar las boletas y no tener que usar uno colectivo.
El voto de la diáspora. Se avanzó definitivamente en la preparación de la votación en el exterior, para lo cual ha sido necesaria la aprobación de las autoridades de 18 países donde hay 595 mil 879 ciudadanos dominicanos empadronados. Ayer el delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la JCE, Orlando Jorge Mera, aseguró que solo faltaban por aprobar la votación por las autoridades de Nueva Jersey, Washington, Holanda y España, pero en la tarde se informó desde Madrid que también allí se habían superado las dificultades, lo que implicaría que el 85% de los empadronados en el exterior podrían votar. De estos el 12.8% corresponden a Nueva Jersey, que pudieran ser autorizados a sufragar en Nueva York, del cual solo los separa un puente.
Lo de España fue una agonía contra el tiempo, ya que la funcionaria de la JCE en Madrid insistía en que anoche concluiría el plazo para arreglar las posibilidades de votar en julio 5. Al igual que en Estados Unidos, donde el senador Adriano Espaillat y los dirigentes de la comunidad fueron clave para lograr la autorización de las autoridades, en España todavía ayer dirigentes de las organizaciones sociales y los partidos batallaban al respecto.
Al caer la tarde habían logrado la aprobación de las autoridades de salud y solo les faltaba conseguir locales para algunos colegios en Asturias, y para 9 de los 58 que operarán en Madrid donde hay 37,595 electores. En toda España suman 82 mil 893, incluyendo los 29 mil 298 registrados en Barcelona. Pedro Alvarez, un dirigente del gobernante Partido Socialista Obrero Español, casado con la dirigente social dominicana Bernarda Jiménez, aseguró que se habían conseguido locales para la votación dominicana con su partido, asociaciones de inmigrantes y centros culturales, y que incluso pagaron los seguros por riesgos de daños.
En el país han sido los partidos de oposición los que más han presionado para que se busque la forma de garantizar el voto de la diáspora que representa el 8% del padrón electoral. Todavía esta semana el dirigente del PRM Eddy Olivares, un extitular de la JCE, acusó al canciller Miguel Vargas Maldonado de negligencia en la gestión de las autorizaciones para la votación en el exterior, indicando que las embajadas y los consulados no han hecho los esfuerzos.
Corta campaña electoral. La campaña electoral, de acuerdo a la ley, concluye el jueves 2 de julio, para lo que ya restan solo 4 semanas menos dos días. Será la campaña electoral más corta de la historia nacional, lo que se ha considerado en detrimento de la oposición política, porque es en las calles y plazas públicas donde esta tiene más posibilidades de competir con los abundantes recursos del partido gobernante.
Al Gobierno se le ha acusado de pretender mantener lo más posible el estado de excepción que limita la circulación y las actividades masivas, incluso con toque de queda nocturno, que no respetan los activistas del partido gobernante. Al mantener el toque de queda desde las 5:00 de la tarde de los domingos, han afectado las actividades de los fines de semana. Se da por hecho que el estado de excepción concluirá el próximo viernes 12, y que el Gobierno no pretenderá extenderlo hasta los mismos comicios. Solo restarían tres fines de semana para las mayores actividades proselitistas.
La desigualdad ha vuelto a ser característica de esta campaña electoral, con un candidato oficialista sustituyendo al Estado en la provisión de equipos y suministros para enfrentar la pandemia, con flotillas de aviones, helicópteros, camiones y otros vehículos, con la mayor proporción de la publicidad por todos los medios, altos funcionarios en labores proselitistas, y miles de comunicadores y comentaristas pagados por el Estado.
De nada han valido los reclamos opositores, por ejemplo, para que la candidata vicepresidencial tome licencia de su cargo de directora de los programas sociales de subsidios, duplicados por la pandemia, que la han hecho vocera de la asistencia a cientos de miles de personas, pronunciando discursos por cadenas de medios oficiales.
De nada han servido las nuevas regulaciones electorales contenidas en las leyes de partido y del Régimen Electoral aprobadas en los dos últimos años. Como tampoco los principios constitucionales de equidad, objetividad y transparencia en las competencias electorales. Pocos se acuerdan que la Ley Electoral instituyó una procuraduría fiscal para perseguir los delitos electorales, que ha brillado por su silencio.
