La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reinoso, reaccionó este jueves ante la «preocupación» del congresista norteamericano Michael McCaul, sobre el supuesto uso excesivo de la prisión preventiva en la República Dominicana, especialmente en contra de ciudadanos y residentes estadounidenses.

A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), la procuradora general adjunta afirmó que RD es uno de los pocos países que después de la pandemia del covid-19 redujo su población penitenciaria.

«La tasa de privados de libertad preventivos, en la actualidad es de 21.5% menos que su promedio histórico», escribió Reinoso.

Agregó que la población penitenciaria del país al 16 de agosto de 2020 era de 27, 800 internos, y en la actualidad es de 25,714, lo que implica una reducción de 2020 al 2023 de 2,086 reos.

La magistrada finalizó diciendo que: “Quienes alegan incremento de la prisión preventiva, con una opinión interesada o no, faltan a la verdad”.

Lo expresado por el congresista de EEUU

En una carta dirigida el pasado 23 de agosto al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony J. Blinken, McCaul solicitó al Departamento de Estado proporcionar un recuento preciso de cuántos ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes están actualmente encarcelados bajo esta figura en la República Dominicana.

“Es importante estar al tanto de los graves problemas de justicia penal que existen en relación con la prisión preventiva, que mantiene a personas en prisión por años a la vez sin un cargo formal. Es un desafío duradero donde el 70% de los prisioneros están encarcelados bajo la prisión preventiva”, cuestionó.

Problema “endémico” que debe investigarse

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de EE.UU aseguró que su principal prioridad es la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y residentes estadounidenses en cualquier país.

Por ello, pidió tomar medidas inmediatas ante el tema de prisión preventiva, el cual consideró un problema “endémico” y “de larga data”, ya que ha resultado en que gran cantidad de ciudadanos –entre ellos probablemente estadounidenses- permanezcan largos años en prisión sin condena.

Sumado a ello, añadió la aparente “desconexión” entre Washington y la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo al responder, por lo que solicitó investigar a fondo dichos casos, además de garantizar que se sigan los procedimientos legales adecuados, se protejan los derechos de los detenidos y que se cumpla el debido proceso.

Uso de fondos de asistencia bajo la lupa

Así mismo, el representante Michael McCaul pidió al Departamento de Estado que se le proporcione respuestas sobre el correcto uso de los fondos otorgados a República Dominicana para programas relacionados con la prisión preventiva, ya que no se tiene un recuento preciso del número de ciudadanos y residentes estadounidenses encarcelados en el país caribeño.

“Esta discrepancia podría estar retrasando nuestros esfuerzos de asistencia, como controles de bienestar, asistencia legal, visitas familiares o, lo que es peor, resultar en que nuestros compatriotas estadounidenses sean abandonados”, objetó.

Desde el 2022, el gobierno de los Estados Unidos ha comprometido más de US$832 millones a países de la región del Caribe en recursos destinados a programas que incluyen asistencia técnica y capacitación a autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el sistema de justicia penal.

Estos fondos han sido otorgados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI).

Por último, el congresista republicano McCaul solicitó expresamente que todas estas consultas sean respondidas por el Departamento de Estado antes del próximo 6 de septiembre, instándolos además a colaborar con sus homólogos en la República Dominicana para garantizar el respeto de los derechos de los detenidos.

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