La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice, salió en defensa del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, luego de que los comunicadores Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara denunciaran que este funcionario supuestamente los persigue, amenaza e intimida.

«Sí @JeanARodriguezS acude ante el juez a pedir las órdenes necesarias no puede decirse que está abusando. Investigar a quienes las indagatorias requieran es su obligación. Siga adelante magistrado que le aseguramos que no estará solo en la lucha contra la corrupción», posteó la magistrada en su cuenta de Twitter.

Dicho comentario encontró la repuesta del periodista Martínez Pozo, quien minutos después publicó en sus redes sociales:  «Descorche una espumante, que tienes razones para celebrar la vesania de la que estamos siendo objeto, porque aunque nunca he cuestionado su honradez, he sido muy crítico de su fascinación por los casos que generan titulares, mientras expedientes comunes de su fiscalía se les caen».

En la mañana de hoy Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara leyeron un comunicado en el que hacen fuertes acusaciones contra Alain Rodríguez. Aquí el texto íntegro:

Los ciudadanos Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara, periodistas de más de 30 años de ejercicio profesional les hemos convocado para comunicarle al país, por su vía, el acontecimiento más peligroso y atentatorio de la libertad de expresión que se haya registrado en los últimos tiempos en la República Dominicana.

Se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49 que expresa lo siguiente “…toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censuras previas”.

“Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir informaciones de todo tipo de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”.

El señor Jean Alain Rodríguez olvidando su rol de Procurador General de la República está actuando como mandante de consorciados de la compañía brasileña Norberto Odebrecht, es decir de las empresas nacionales que sirvieron de contraparte local para la ejecución de los 17 proyectos que construyeron desde el 2001 al 2014 y ha desatado una persecución, amenazas e intimidación en contra de los exponentes.

Esas acciones contra nosotros como periodistas se debe a que hemos dedicado cientos de honras a tratar el caso de corrupción más emblemático que conoce la historia nacional. Y hemos coincidido en denunciar la torpeza procesal conque se ha dirigido la investigación desde la Procuraduría General de la República, en algún momento dando la impresión de que por razones muy sospechosas no se ha querido investigar el soborno que pudieron haber hecho empresas locales, a partir de los cuantiosos beneficios que habrían recibido con sobrevaluación de parte o de todas la obras ejecutadas durante los 13 años bajo investigación.

Pozo y Alcántara durante la rueda de prensa. Fuente externa.

Si la constructora brasileña admite que soborno en República Dominicana y sobre ello hizo un acuerdo con el Estado Dominicano para resarcirlo con el pago de U$184 millones de dólares, cual es el nivel de responsabilidad de los socios locales, si aspiramos a que la sociedad crea en el proceso que se está siguiendo; por qué el Procurador no ha mirado hacía ya y quiere desviar la atención hacia quienes exigimos justicia. Vendándose los ojos frente a quienes posiblemente hayan cometido el abuso mas grande contra el Presupuesto Nacional.

La última de las acciones del señor Procurador General de la República y las más concreta, es la solicitud que ha hecho al Magistrado Francisco Ortega Polanco, el Juez especial que instruye el caso Odebrecht, para realizar una investigación contra nosotros y nuestros familiares, incluyendo esposas e hijos, alegando “…su vinculación con el imputado Ángel Rondón” y so pretexto de que “pudiera ser o pudiera haber sido utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero producto del soborno a funcionarios públicos y congresistas”. Esta es la respuesta del señor Procurador al hecho de haber fracasado en los intentos de callarnos con mensajes, contentivos de amenazas y chantajes a través de terceros, que identificaremos llegado el momento.

Queremos decirle al país que se intenta acallarnos y sacarnos de los medios de comunicación para los que laboramos, para hacer posible tratativas vergonzosas que en nada ayudan a una sana administración de justicia, aunque si estimulan la apetencia desmedida de dinero de alguna persona ingerida que por azar del destino hoy sirve al sistema de justicia en la República Dominicana, abusando del poder que ostenta.

Quienes suscribimos somos periodistas con empresas de comunicación establecidas conforme a las leyes de la República Dominicana. Hemos operado dando servicios de comunicación: Asesoría, producción y facturación de programas. Esa actividad empresarial la desarrollamos sin menoscabo del sagrado compromiso de opinar libremente sobre temas Nacional e internacionales.

Este acto de abuso de poder del Procurador y persecución del Procurador General de la República da la oportunidad de que se pueda comprobar la transparencia con que nos hemos conducido en nuestra vida publica y privada. Agotaremos en lo adelante todos los recursos a nuestro alcance para que nuestro reclamo tenga oídos y para que ademas la sociedad conozca cual es la probidad de quienes le sirven, ya sea como periodistas o funcionarios en posiciones de privilegios. Para esto solo contamos con Dios, con nuestra familia, con la solidaridad de nuestros colegas y con el respeto que durante tantos anos nos han profesado quienes saben que solo nos ha animado servir.

En relación a lo que origina este abuso y persecución damos garantías a la opinión pública de que como periodistas responsables y comprometidos no cejaremos ni un milímetro en el sagrado compromiso de que impere la justicia y la verdad.

Y para el señor Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez solo les queremos transcribir lo que establece la Constitución en su articulo 44. “Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individual. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlo o repararlo conforme a la ley…”

Julio Martínez Pozo Danny Alcántara.

La comunicación emitida por la Procuraduría en donde dice que nuevas personas son investigadas por el caso Odebrecht, aunque no mencionan los nombres de los involucrados:

La Procuraduría General de la República informó que durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos.

En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales.

Como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas. Es importante destacar, que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso.

Jean Alain Rodríguez, procurador general de la República.

El Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal.

El Ministerio Público cumple ese mandato legal al pie de la letra. De este modo también respeta la moral de las personas y su presunción de inocencia. Además, en virtud de esa disposición y para evitar distracciones ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo.

Las investigaciones penales deben efectuarse con cuidado, perseverancia y dedicación. El discurrir de esos procesos determina a quién llamar y cuándo hacerlo. No se puede perder de vista que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad en toda la historia del sistema de justicia dominicano.

Cualquier novedad divulgable sobre el mismo será informada oficialmente o se conocerá cuando se deposite la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial.

El único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar que la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, sin importar su estatus social, filiación política o profesión. En este caso ni en ningún otro habrá impunidad. La ley es igual para todos; especialmente en este episodio que concentra la atención de todos los dominicanos.