El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a un año de prisión al presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos (FED), Yimi Zapata, tras ser hallado culpable de utilizar documentos falsos en perjuicio de 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes a causa de ello fueron detenidos en un aeropuerto de la ciudad de Nueva York.
El tribunal, presidido por el magistrado Teófilo Andújar, también ordenó un año de prisión contra Guelmis Rivera González y Jorge Luis Tavárez, a este último la pena le fue suspendida.
A estos tres condenados también se les impuso el paga de una indemnización de RD$10 millones en beneficio de las víctimas que se constituyeron en parte querellante.
Por su lado, Luis Armando Cruz y Luis Alcides Báez fueron declarados no culpables por insuficiencia de pruebas.
Mientras que José Manuel Marte fue absuelto luego de que la Fiscalía del Distrito Nacional retirara la acusación en su contra por no contar con elementos que probaran la comisión de los hechos.
Oscuras intenciones. Tras ser declarado no culpable, Luis Alcides Báez, regidor de Baní por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), señaló que su inclusión en este proceso judicial se debió a la injerencia de un político de la misma demarcación que “trató de ensuciarle su nombre”.
No obstante, Báez se mostró satisfecho por la decisión del tribunal al catalogarla de correcta.
Equivocación. La representante legal de José Manuel Marte, Dianiris Perderaux, calificó de errónea la condena impuesta a Zapata, tras alegar que este último no tenía conocimiento de un supuesto cambio de fecha que tuvo lugar en el viaje a Nueva York por el que fueron detenidos los 19 estudiantes de la UASD, a quienes se les había prometido que participarían en el Modelo de las Naciones Unidas en Estados Unidos.
“Para cuando Yimi se enteró de que hubo un cambio de fecha en el evento, ya los estudiantes estaban detenidos en el Aeropuerto JFK”, dijo Perdereaux.
Añadió que el abogado de Zapata tiene previsto agotar todos los recursos legales correspondientes para que sea revocada la decisión del tribunal.