Qué equivocado he estado! Yo creía que vivía en un país unitario, no en un Estado federado donde cada unidad administrativa y políticatendría sus propias leyes. Pero no, aquí hay quienes disfrutan – y quieren seguir disfrutando – de “leyes” por encima de cualquier ley y de cualquier racionalidad y lógica. Dentro de esas confusiones, que estoy leyendo y oyendo, he comprendido que yo creía, erróneamente, que la autonomía administrativa de una u otra institución respondía a la necesidad de que pudiese ejecutar sus funciones sin interferencia del Ejecutivo, u otros poderes del Estado, pero que sus funcionarios debían ajustarse a las normas administrativas, legales y morales de todo funcionario público. ¿Acaso vamos a llegar a decir que los directivos de algunas instancias deberán ser nombrados por ellos mismos y no por quien establece la Constitución? También creía que un salario sectorial de 300 o 400 mil en este país era más que justo, pero no, es insuficiente. Bueno, en mi ignorancia, yo creía que si una ley limitaba realmente la aplicación de acciones imprescindibles para el bienestar del Estado bastaría con reformarla, pero no, hay leyes, al parecer de algunos, intocables. Incluso, yo creía, vaya ignorancia, que si un precepto constitucional restringía la posibilidad de aplicar una medida conveniente para los intereses nacionales se podría, en todo caso, proceder a su modificación, porque en definitiva, ¿no se han introducido reformas constitucionales para responder a intereses estrictamente personales?

Yo creía que un presidente constitucionalmente electo tenía facultad para designar y nombrar a los integrantes de su gabinete, pero parece que no, cuando hay quienes “exigen” que los ministros deben renunciar para que el “nuevo presidente” pueda nombrar a sus escogidos. Yo creía que en cuanto es investido un nuevo presidente sus decretos nombran nuevos ministros sustituyendo a los anteriores. Incluso, también creía que al comenzar un nuevo periodo constitucional el presidente, si lo estima pertinente, puede sustituir a todos los ministros y directores sin que ello amenace la continuidad del Estado. ¿Acaso no lo vimos en el 2000 y 2004?

Yo también creía que en caso de que se detectase una anomalía que pusiese en peligro la salud pública, como alimentos y medicamentos, la preocupación primera debía ser confirmar y prevenir los riesgos sociales y no el efecto económico en entidades que, en todo caso, podrían ser los responsables. Incluso, yo creía que si había efectivamente algún problema el dedo acusador se debía dirigir a quienes incurrieron en la falta y no en quien la detectó. En mi ingenuidad, yo creía que si en algún sector se producían situaciones que afectaban a la ciudadanía – educación, salud y otros – era responsabilidad de las autoridades el actuar y no dejar el problema en las manos indefensas de los afectados. Yo creía que en un escenario así se diría que estábamos como “chivos sin ley”.

Yo creía que cualquiera que aprecie su dignidad y honra, no importa donde este, se preocuparía por la imagen que proyecta. Pero no, ¡oh Dios! ¡Cuantas cosas irracionales yo creía!