En el entramado de retorcimientos institucionales que han hecho del PRD una caricatura, existe un ámbito disciplinario que pretende oficializar una sanción reveladora del miedo del administrador de las siglas del partido. Las intenciones hacen de la formalidad organizacional una trampa innoble debido a que el deseo real consiste en que recurra ante el Tribunal Superior Electoral. ¡Los iguales se coordinan!
Comencemos por la “acusación”. Poseen autoridad moral los gestores y promotores de acciones sediciosas contrarias al interés de los objetivos partidarios descarrilados desde la presidencia del PRD en el año 2012. Acaso olvidan los “repentinos” cambios del discurso anti/reelección en los labios del “amo” de turno que se diluyeron en la reforma constitucional del 2015. Aunque antes, la lógica del reparto en el TSE, SCJ y TC, constituyeron una visión carente de matriz institucional deseada por los sectores democráticos del país. Darle marcha atrás a la historia y revertir la norma liberal en materia de la despenalización del aborto y la sentencia 168 retratan la etapa de regresión ideológica. Mis cuestionamientos tienen una fundamentación conceptual, qué diablos tiene eso de indisciplina.
Seguimos afianzados en la acusación de un partido “chiquito” para hacer grandes negocios. Y los daños están ahí. La reciente encuesta Gallup coloca al PRD bajo el control de Miguel Vargas Maldonado en el punto de mayor desaprobación ciudadana. Por eso, las plumas y silencios cómplices no han podido ocultar el conocimiento de la gente en lo que respecta a las actividades comerciales orientadas por el presidente del partido blanco y que se tornan “rentables” para él porque preservar el control de las siglas tiene “utilidad” electoral frente a las fuerzas del poder que estructuraron una estrategia hegemónica donde el otrora rival se convirtió en un excelente socio.
Partiendo de la argumentación de sancionar el comportamiento “indisciplinado” de sus miembros, quiero recordarle a la instancia sancionadora que lo dañino no reside en las reiteradas denuncias mías sino en la certeza de los “hechos” en capacidad de afectar la conducta del PRD. Se puede negar que la principal autoridad partidaria solicitó un préstamo de 185 millones de dólares al Banco de Reservas en plena campaña electoral. Estoy calumniando cuando obtengo los documentos reveladores de que la compañía ganadora de la licitación del teatro Agua y Luz está relacionada con Vargas Maldonado. Falto a la verdad, debido a sentirme alarmado porque en la venta vulgar del sector Los Tres Brazos aparece de cabeza de la empresa Titulatec el responsable administrativo de la Cancillería.
El real problema de los exponentes partidarios reside en el desdén con que tratan a la ciudadanía, piensan equivocadamente que no existe un ojo sancionador que se indigna por sus inconductas. Además, el afán por creer que los referentes éticos esenciales no guardan relación con los parámetros elementales para conducirse en toda organización es el caldo de cultivo para amplios núcleos en la sociedad que andan sedientos de nuevos paradigmas.
Aquí las cosas tienen que cambiar. En lo inmediato, recibo con gusto la etiqueta de “indisciplinado” y me llena de alegría mi juzgador: culto, impoluto en su comportamiento, amante de las ideas, defensor de los mejores intereses de la historia partidaria y seleccionado por Vargas Maldonado para “sancionarme”, porque nadie retrata con tanta exactitud los “valores” del PRD como el actual jefe de disciplina y su patrón.