JUAN ML. TAVERAS
Si, yo me quejo de la lentitud de la justicia, de la superficialidad y discriminación de la prensa, de la insensibilidad de los funcionarios públicos frente a las denuncias de corrupción, de la falta de seguridad jurídica sobre la que descansa la paz y el sosiego de la familia dominicana y de nuestros socios extranjeros, de la pésima distribución de la renta, del injusto sistema impositivo, de la desigualdad de oportunidades en materia de salud, educación y vivienda, de los privilegios excesivos y ofensivos de que disfrutan los congresistas y, sobre todo señores, del incumplimiento generalizado de las leyes.

Si mis quejas son justas, y conste que solo estoy generalizando, entonces los dominicanos tenemos mucho por hacer y todos, no solo el gobierno central, estamos en la obligación de enfrentar nuestros retos con decisión inquebrantable a fin de romper los atavismos históricos que mantienen a nuestro país fuera del camino que conduce a la conformación de un verdadero estado de derecho que descanse efectivamente en la igualdad de justicia y de oportunidades para todos.

¿Soy iluso? Tal vez. Pero creo firmemente que bastaría con que la prensa asuma con entereza su rol de primer poder del estado para que todo el andamiaje que soporta el ordenamiento institucional, político, económico y social del país dominicano sea estremecido en su propio cimiento. La prensa, por supuesto, es la primera que debe enmendarse a si misma. Yo me quejo de que es demasiado superficial. Le hace falta veracidad. Las denuncias, aunque vengan de ciudadanos humildes, tienen que ser investigadas a profundidad y servidas objetiva e imparcialmente a fin de que los ciudadanos todos, hagan conciencia del valor de las mismas y la apoyen o desaprueben con arreglo a los mejores intereses del país. Yo mismo denuncie por todos los medios que el Instituto Agrario Dominicano estaba siendo utilizado para estafar al Estado con ciento de miles de millones de pesos. Las pruebas de mi denuncia las serví incluso al propio IAD. Tristemente, carísimo lector, nadie se intereso por verificar la existencia de una estafa que en cualquier país del mundo hubiera producido un escándalo mayor que el de Baninter. De ahí también mi queja de la insensibilidad de los funcionarios públicos frente a las denuncias de corrupción. Bidó Medina, un hombre a quien admiro y considero intachable, es presidente de la comisión de ética de la administración pública. Pero este ciudadano, responsable de una misión tan sagrada como es la de velar por la moral de la nación, nunca ha movido un dedo, que yo sepa, para investigar denuncias que lesionan profundamente los más sagrados intereses éticos del país.

¿Se puede hablar de seguridad jurídica en un país donde existen miles y miles de títulos sin tierra? ¿En un país donde las decisiones judiciales mas simples toman lustros para ser falladas definitivamente? ¿En un país donde las leyes se promulgan a granel y olímpicamente, pero nadie las cumple? Hace un par de anos, el Congreso Nacional aprobó y fue debidamente promulgada una Ley de importancia extrema para el futuro ético de la nación y que consolidaría a la prensa como el primer poder de Estado. En efecto, la Ley 200 04 o Ley de Acceso a la Información Publica, al obligar a las instituciones publicas a proporcionar a cualquier ciudadano interesado y en pocos días todas las informaciones relacionadas con su manejo, constituye un paso vital para el logro de la total transparentización de la administración publica y proporciona a la prensa la oportunidad de investigar e informar verazmente al país y al mundo sobre las cosas buenas y malas que se hacen en todas las instituciones publicas del país. Yo me quejo de que esta ley, tan vital para enfrentar la tan cacareada corrupción, no ha recibido el debido apoyo del primer poder del Estado ni mucho menos los otros poderes que lo conforman. En virtud de que esta Ley convierte a la Cámara de Cuenta en la vía principal para someter a la justicia a las instituciones que se nieguen a proporcionar las informaciones que les son solicitadas, nosotros acudimos allí, a la Cámara de Cuenta, para indagar cuantos sometimientos por desacato a esta ley se habían hecho en los dos años de su puesta en vigencia y para asombro nuestro, queridísimo lector, la Cámara de Cuenta no ha tramitado un solo sometimiento contra las instituciones que se niegan a cumplir con la Ley de Acceso a la información Pública, pese a que, tan solo contra una institución del Estado, se han elevado mas de cien instancias en requerimiento de informaciones pero que esa institución publica, no sabemos apoyado en quien o porque, se niega a suministrar. Si la prensa no se interesa en estas cosas tan vitales para ella misma y para todo el país, entonces no hay esperanza para los buenos dominicanos.