Hoy 
LUIS SCHEKER ORTIZ
Después de 68 años de nacido; de haberme graduado con honores en la Universidad estatal y haber ejercido mi profesión de abogado por más de 40 años; de haber obtenido una maestría de post grado en Administración Pública y ser honrado por la Universidad de Puerto Rico; de haber desempeñado cargos públicos de alguna importancia, Vicerrector de la UASD por tres años y Secretario de Estado de Deportes por cuatro; de haber sido catedrático de dos prestigiosas universidades por casi 30 años; ser fundador, haber presidido o formar parte de la Directiva de varias asociaciones culturales, académicas y gremiales; de ser miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana; de la Asociación Latinoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; de haber sido distinguido como ciudadano honorífico del Estado de Georgia, EUA; Juez Arbitral del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo; Coordinador Gral.
Del Movimiento Cívico Participación Ciudadana; conferencista invitado y expositor en múltiples seminarios y congresos celebrados en el país y en el extranjero; de pertenecer a varios clubes sociales y culturales y deportivos, mereciendo, quizás sin merecer, múltiples reconocimientos; de haber viajado, con visa, por una gran parte del mundo, visitando varios países y ciudades de Europa, Asia, Oriente Medio, el Caribe, América del Sur y Norte América; de ser propuesto por diversas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil para desempeñar funciones tan importantes como Juez de la Suprema Corte de Justicia, Juez de la Junta Central Electoral, Defensor del Pueblo; y de nunca haber sido sentado en el banquillo de los acusados o condenado por tribunal alguno, después de todo eso descubro, sorpresivamente, que yo soy un delincuente.
Mi nombre aparece fichado como co acusado de cometer crímenes y delitos mayores en dos expedientes que tiene registrados la Procuraduría General de la República en su inefable sistema computarizado.
El hallazgo aparece cuando, diligentemente, para llenar un requisito de la Comisión de la Cámara de Diputados que ha de conocer, algún día, las propuestas y escoger las candidaturas a la Defensoría del Pueblo conforme con la ley de su creación, No. 19-01, solicito, en el mes de noviembre del 2006, la expedición de un Certificado de No Delincuencia a la Procuraduría General cosa que esperaba obtener en cuestión de un par de días. Luego de varias gestiones infructuosas, resulta que la Certificación me es denegada.
Intrigado ante esa negativa y el porqué de ella, me revelan que aparezco incriminado (No condenado) en dos expedientes: uno, 01-118-00101 del año 1998, y otro No. 01-118-01534, del año 2001.
Más sorprendido aún ante esa revelación, en fecha 16 de noviembre de 2006 dirijo una comunicación a la Procuraduría Fiscal de Distrito, de cuya información se alimenta el sistema, protestando por lo que considero un hecho insólito que daña mi imagen y mi reputación y solicitando una investigación inmediata que esclarezca la situación. El Fiscal Hernández, solícito, apodera a un departamento para la investigación del caso.
El 1 de diciembre me comunico con la Dra. Alejandrina Contreras, de fino trato, encargada de la Secretaría General de la Procuraduría Fiscal a quien le suministro lo que guardo en mi archivo con relación al primer expediente, sin tener rastro alguno del otro: Un Auto de No Ha Lugar en cuanto a lo judicial y un Auto de No Ha Lugar en cuanto a lo criminal, dictado en fecha 2 de octubre del 2002 por el Licdo. Alfredo Ríos, Juez de Instrucción y debidamente notificado por el Alguacil Héctor Ricart el 5 de diciembre del 2002.
Terminada esa investigación con la verificación correspondiente y provisto de las piezas indicadas, en fecha 11 de diciembre del 2006, el Magistrado Procurador Fiscal envía una comunicación al Procurador General de la República que es recibida el día 12 de diciembre del 2006, remitiéndole las piezas del expediente que me descargan de toda imputación con el libramiento de un No Ha Lugar y certificando que el otro expediente donde se me señala, No. 01-118-00101, del 20 de marzo del 2001, pertenece a otras personas y en el mismo mi nombre no aparece, “por lo cual somos de opinión de que no existe ninguna razón para que se mantenga dicha ficha en su contra”.
Doy por finalizado el caso y reitero mi solicitud, pero no. Sigo siendo un delincuente peligroso. El que maneja los hilos de la trama, no se da por satisfecho. No entiende de jerarquías administrativas, del debido proceso, de la presunción de inocencia, de cánones legales y constitucionales o no quiere entenderlo. Se coloca por encima de todo y de todos y porfía: exige mayores datos, originales y nuevas certificaciones. ¿Qué se esconde tras esta maquinaria? ¿O así, con especial indolencia, como normalmente funciona el sistema? La coctelera burocrática se mueve dócilmente, con lentitud pasan los días y los meses entre gestiones administrativas y exigencia burocráticas. Mi amiga, Magistrada Dra. Roxana Reyes me ayuda, pero no puede hacer nada más. Converso con Argentina. Pido entrevista urgente con el Procurador General, no se me concede, siempre muy ocupado en reuniones y otros asuntos como es natural. Explico la situación a su eficiente Secretaria que me pone en manos de la Dra. Gladys Sánchez, muy atenta ella, pero el expediente sigue estancado. Se agota la paciencia. Me dice que el Magistrado Tal quiere hablar conmigo, entrevistarse conmigo. Me niego a seguirles el juego. Nadie me va a enseñar lo que es un abuso, una arbitrariedad o un desafuero, como nadie me puede enseñar como debo defender mi honor y mis derechos y decido poner el caso en conocimiento de la opinión pública, no para delatar las estulticias y la pobreza de nuestro sistema judicial, sino para que todos los que me conocen sepan que soy un delincuente fichado en los archivos criminales de la Procuraduría General de la República.
