La República Dominicana puede hacer dos cosas en relación con la crisis de Venezuela. La primera tiene que ver con el tema migratorio, regularizando y mejorando los controles, tal que no se vaya de las manos el ya visible impacto de los venezolanos tratando de hacerse espacio laboral en nuestro país, y la segunda, actuando con responsabilidad junto con la comunidad internacional, presionando por soluciones concretas a la severa crisis política y económica que sacude ese país.
El país tiene mucho que agradecer al gobierno de Chávez y de Maduro. La relación económica y el trato solidario que Venezuela tuvo con los países de la región fueron, sin dudas, un alivio fiscal -que no de precios- para muchos países. Petrocaribe es un gran protagonista en la estabilidad económica dominicana de los últimos tres lustros. Venezuela como Estado soberano se benefició del acuerdo, y logró apoyos regionales importantes. República Dominicana devolvió el favor cuando hizo la operación de compra de deuda, pagando en adelanto, con descuento, las obligaciones. En ambos casos los países han sido a la vez solidarios y beneficiarios de sus acciones.
Hoy, la situación es diferente. Venezuela tiene problemas en materia de distribución de alimentos, niveles de precios con inflación galopante, escasez estructural en el manejo de las divisas y grandes problemas de abastecimiento. El sistema lejos de ser un sistema socialista eficiente ha devenido en un sistema primitivo de trueque y corrupción. Esa situación, se ha convertido en una crisis política importante, con violaciones institucionales, violación a los derechos civiles y deterioro de las garantías democráticas.
Los países de la región no pueden ni deben quedar pasivos ante la compleja situación planteada. En el mejor de los casos, la población se empobrece a ritmos preocupantes y el peor, el peligro de una guerra civil, dada la retórica, no puede descartarse. Restablecer el orden y la gobernabilidad pasa por el respeto a las garantías liberales que el gobierno venezolano dice enfrentar. La libertad de prensa, la liberación de los dirigentes opositores, la realización de elecciones supervisadas desde la neutralidad y vigiladas internacionalmente debe estar en la agenda de la OEA y de cada uno de los países con relaciones diplomáticas con Venezuela.
Seguir jugando al tiempo no hará otra cosa que prolongar el sufrimiento de la población venezolana. Al tiempo que fomentará un flujo aún mayor de migración hacia los destinos cercanos, donde la RD, Panamá, Colombia, parecen estar recibiendo el mayor impacto. En ese aspecto nuestro país tiene que revocar los acuerdos de visado con el gobierno de Venezuela, establecer mecanismos expeditos para los que tienen un tiempo viviendo y trabajando en nuestro país, y abriendo previa depuración, un sistema de cuotas de visado tanto laborales, residencia y “turismo”. Lo que hoy existe, derivado de la apatía frente al tema, es injusto y fomenta abusos y desorden, tan preocupantes como las que se fomentan con la migración haitiana.
El gobierno dominicano debe ser más efectivo en presionar al gobierno de Maduro para que no abandone la vía democrática, desista de su juego constituyente, se disponga a la liberación de presos políticos, y llame pronto a elecciones. Además, nuestro gobierno debe establecer una vía expedita para residencia, visas de trabajo y visado para los venezolanos que han tenido que huir de la ineptitud y populismo de un gobierno que ha llevado a Venezuela a la tristeza y desesperanza.