TEGUCIGALPA, (AP).- El ex presidente Manuel Zelaya encabezó el lunes una manifestación callejera para protestar por el arresto domiciliario de uno de sus principales colaboradores encausado por corrupción.

Acusó, a su vez, al gobierno del mandatario Porfirio Lobo de violar el Acuerdo de Cartagena de Indias, que permitió el regreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos.

 «Hoy iniciamos una nueva etapa de lucha en Honduras», dijo el ex gobernante en un comunicado. «Hoy comenzamos a crear conciencia entre los hondureños sobre quiénes somos, qué valemos y quién nos oprime».

El dirigente del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), Juan Barahona, afirmó a la AP que la movilización «es contra el poder judicial por el atropello que comete en contra de los compañeros… y estamos en las calles para protestar contra ese poder golpista».

 «El poder judicial atenta contra Enrique Flores (quien fue ministro de la Presidencia en el gobierno de Zelaya), miembro de la Comisión Política del FNRP», agregó Barahona.

El FNRP está integrado por simpatizantes de Zelaya. Un juez dispuso el miércoles el arresto domiciliario de Flores y a pagar en 30 días una fianza de 1,4 millones de dólares, la que el ex funcionario dijo que no lo haría por carecer de dinero.

La fiscalía lo acusa de malversar unos cinco millones de dólares en su gestión.

Flores, quien se refugió en Nicaragua luego del golpe contra Zelaya en junio del 2009, retornó a Tegucigalpa el 28 de mayo en el mismo avión que ese día trajo a Zelaya (2006-2009) de su exilio.

A raíz del Acuerdo de Cartagena, firmado por Lobo y Zelaya, y avalado por Colombia y Venezuela, los tribunales suspendieron las órdenes de captura contra el ex mandatario y sus ex funcionarios, entre los cuales está Flores.

 El convenio logró que la OEA readmitiera a Honduras, a la que suspendió de su seno por la defenestración de Zelaya. También la repatriación del ex gobernante, que se había refugiado en República Dominicana.

Lobo aseguró la víspera que su gobierno no violó el trato y pidió a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, integrada por Colombia y Venezuela, a nombrar juristas internacionales para a verificar la situación legal de Flores. Esa comisión aún no se ha pronunciado sobre el tema.