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TEGUCIGALPA. AFP. El ex presidente hondureño Manuel Zelaya encabezó ayer una protesta frente a un juzgado para exigir la liberación de su ex ministro Enrique Flores Lanza, quien está desde hace cinco días bajo arresto domiciliario por supuestos actos de corrupción.
Cientos de seguidores del zelayista Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) marcharon desde la sede del sindicato Stibys hasta el juzgado penal de Tegucigalpa, ambos situados en el sur de la capital, para exigir el cese de los juicios contra Flores, principal ex ministro de Zelaya. «Mi presencia aquí es en calidad de ex presidente, en mi condición de coordinador del Frente de Resistencia, de acompañar al demandado porque es injusto que se persiga a los golpeados, a la víctimas, y se proteja a los que dieron el golpe de Estado» en junio de 2009, dijo Zelaya a los periodistas frente al juzgado.
Flores, ex ministro de la Presidencia de Zelaya, está bajo arresto domiciliario desde el pasado miércoles, en un juicio denunciado por el ex gobernante como violación al pacto de reconciliación que firmó el 22 de mayo con el presidente Porfirio Lobo. El ex ministro está acusado del desvío de 5,6 millones de dólares para propaganda de una consulta nacional que pretendía realizar Zelaya para cambiar la Constitución, disputa que llevó a su derrocamiento por parte del Ejército con el aval del Congreso y la Corte Suprema. Flores debía comparecer ayer en el juzgado para responder por otros dos juicios, de los cuatro que enfrenta, pero la audiencia fue suspendida porque la Fiscalía recusó a la jueza. «Se suspendió la audiencia porque el Ministerio Público argumentó que hay una amistad entre la jueza María López y Flores Lanza», dijo la portavoz del tribunal, Bárbara Castillo.
La clave
Fianza o cárcel
El juez Claudio Aguilar, quien le impuso arresto domiciliario el miércoles mientras dure el juicio por dos cargos por supuesto desvío de dinero, ordenó que el ex ministro sea recluido en una cárcel si no paga dentro de un mes una fianza de tres millones de dólares. Flores, quien se declaró «imposibilitado» para pagar esa suma, calificó la resolución como «sicariato judicial» y alegó que el juez recibe presiones de los «golpistas» que derrocaron a Zelaya.
