Loyda Peña 
El desistimiento de las acciones penal e inmobiliaria solicitado por el exprocurador general Víctor Céspedes Martínez y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la protección que le debe el Estado dominicano a los terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe, son los dos argumentos más sólidos expuestos por los abogados de los demandados ante el tribunal que conoce el caso Bahía de las Aguilas.
Víctor Santana Polanco, abogado de Teófilo Ventura Díaz, refirió que de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, “no basta alegar la irregularidad del título del vendedor para anular el traspaso hecho a favor del comprador”.
Afirmó que su cliente es un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe que le compró a una persona que había sido asentada por el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que consiguió la aprobación del Tribunal Superior del Tierras, se deslindó y obtuvo un título definitivo en base al cual se operó la transferencia de las parcelas 215A-13 y 14 a favor de Ventura Díaz.
