La procuraduría de Jean Alain Rodríguez no hizo ninguna investigación sobre el caso Odebrecht porque no había interés en descubrir o hallar la verdad sino “construirla”. Por eso actuó con la lógica policial y presentó a la población a un grupo de supuestos victimarios y cerró el caso, porque era necesario hacer creer que era un órgano de persecución eficiente.
La defensa técnica de Roberto Rodríguez desglosó ayer en un tiempo récord de menos de tres horas la procedencia lícita del patrimonio millonario del imputado en los sobornos de Odebrecht; solicitó al tribunal su absolución por falta de pruebas, y que se condene al Ministerio Público al pago de las costas “ por haber litigado con temeridad” en el presente caso.
Implementan nuevas políticas de protección NNA Paula Disla, presidenta ejecutiva de Conani, dice embarazos en adolescentes ahora agravados por incidencia niñas de 9 a 12 años, es de alta prioridad El maltrato en todas sus manifestaciones que por años han sufrido muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) en sus casas, las calles, y en algunos […]
La defensa técnica de Tommy Galán finalizó ayer sus alegatos en el juicio Odebrecht solicitando al tribunal declarar al exsenador “no culpable” de los cargos que le imputa el Ministerio Público, y declarar la nulidad del proceso, por falta de pruebas.
La única prueba en que el Ministerio Público sustenta su acusación sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Tommy Galán, es una comunicación de la Cámara de Cuentas donde remite las declaraciones juradas de Patrimonio del exsenador correspondientes al período 2006-2010-2016, haciéndole la salvedad de que la del 2002-2006 no está en sus archivos porque la institución receptora de ese requisito de ley era entonces la Tesorería Nacional.
La acusación del Ministerio Público contra Tommy Galán “es una pieza de instrumentación del sistema de justicia para sofocar la crisis social y política generada por los sobornos de Odebrecht, y garantizar la impunidad de los verdaderos beneficiarios”.
El Poder Judicial se enfrenta hoy a un nuevo conflicto que será ventilado en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) donde se conocerá una acción de amparo incoada por la Asociación de Jueces Dominicanos por la Democracia, contra la modificación del Reglamento de escalafón judicial de los jueces.
Justo un año hará el 21 de septiembre que las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, integrantes del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, se erigieron como árbitros en el juicio de fondo contra los seis encartados en el caso Odebrecht, y aunque han podido salir airosas de los debates que se dieron entre las partes, su gran reto son las sentencias que tendrán que evacuar próximamente.
La defensa técnica de Andrés Bautista García cerró ayer sus conclusiones en el caso Odebrecht, afirmando que la acusación del Ministerio Público a su cliente no reúne los elementos constitutivos de los ilícitos penales que injustamente se le atribuye en el caso Odebrecht, por lo que la única alternativa del primer tribunal colegiado es dictar una sentencia absolutoria a su favor.
En el segundo día de exposición de sus conclusiones y luego de edificar al tribunal con documentos y explicaciones sobre el origen lícito de su patrimonio, la defensa técnica de Andrés Bautista García retomó el argumento político y dijo que su inclusión en el caso Odebrecht fue idea de un gobierno que quería hundirlo junto al Partido Revolucionario Moderno (PRM), por ser la fuerza opositora capaz de transformar el estado de cosas políticas que existían en el momento.
El voto disidente de la magistrada Miriam Germán Brito respecto del expediente del caso Odebrecht, fue utilizado ayer como “pie de amigo” por la defensa técnica de Andrés Bautista García para demostrar ante el tribunal que en la acusación del Ministerio Público “no existe elemento probatorio capaz de quebrar la presunción de inocencia” del imputado.
El doctor Julio Cury acusó ayer a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de supuestamente “agredir” la autonomía funcional de la Cámara de Cuentas al requerirle auditoría especial del caso Antipulpo.
El mayor error en la teoría fáctica del Ministerio Público respecto de su acusación contra Víctor Díaz Rúa, fue partir de la premisa de que los únicos ingresos que ha recibido en su vida fueron los sueldos del Inapa y Obras Públicas, ignorando por completo su próspera trayectoria como ingeniero, que incluso le mereció ser declarado como “Miembro Meritorio” del CODIA.
Los abogados del raso de la policía Jordan Medina, acusado de matar al abogado Ray Castillo, recusaron ayer al fiscal titular de Ocoa y a todos sus ayudantes, por supuestas “faltas graves” que comprometen su objetividad en el caso.
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