Si el mayor del Ejército Raúl Alejando Girón Jiménez dejó estupefacto al país al quitarle la tapa al pomo y develar en el caso Coral el funcionamiento del supuesto entramado criminal que a través del Cestur y el Cusep le habrían drenado millonarios recursos al Estado, el capitán de la Policía David Agustín Abreu Padilla podría estremecerlo cuando ponga al descubierto los entresijos del sistema de pagos en Coral 5G.

El Ministerio Público acusa al teniente coronel del Ejército Kelman Santana Martínez de en lugar de estar junto a sus compañeros de armas cuidando la frontera u otro servicio en favor de la Patria que es para lo que le pagan, dedicaba su tiempo a administrar la empresa a través de la cual el general Adán Cáceres Silvestre lavaba gran parte del dinero desviado del Cestur y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y a atenderle cerdos y otros animales en una finca.

Las motivaciones que tuvieron las tres juezas que componen el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para solamente condenar a dos de los seis imputados en los sobornos de Odebrecht, Eduardo Alberto Then, en un audiencia pautada para las 3:00 de la tarde.

La primer teniente de la Policía Jehohanan Rodríguez Jiménez, y la exgerente del Banco de Reservas Esmeralda Ortega Polanco, resultaron ser dos “peones” en el entramado ideado por los generales Adan Cáceres Troncoso y Rafael Núñez de Haza para desfalcar y depredar fondos públicos a través de los cuerpos especializados de Seguridad Turística (Cestur), y Presidencial (Cusep).

¡No se metan con los guardias! Esa fue la advertencia de los gestores del entramado de corrupción y lavado de activos desarticulado con la Operación Coral 5G a subalternos interrogados por la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), y cuyos testimonios fueron incluidos como pruebas en la solicitud de medida de coerción.

Los altos mandos militares involucrados en el caso Coral 5G no solo se valieron de nóminas fraudulentas para enriquecerse ilícitamente sino que además se apropiaron de gran parte de los RD$737.5 millones destinados a pagos de operaciones de inteligencia durante el período 2014-2020.

Los “pejes gordos” imputados en los grandes casos de corrupción judicializados por el Ministerio Público han acaparado una pléyade de juristas para sus defensas, quedando otros que fueron sus cómplices subalternos al amparo de abogados desconocidos que sin explicación, los dejan plantados.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió ayer que el considerable aumento de la pena de reclusión que trae consigo el proyecto de nuevo Código Penal Dominicano vulnera sus propios postulados, porque impediría el ejercicio “resocializador” que lo fundamenta en sus principios generales.

Dentro de los elementos novedosos que contiene el proyecto de Código Penal Dominicano (CPD) la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) destaca la ampliación de los títulos de intervención, la inclusión de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (RPPJ), y la cláusula de equiparación de la acción y la omisión.

El conflicto suscitado entre el Colegio de Abogados (CARD) y la Cámara de Cuentas (CC) llegó al Tribunal Constitucional (TC) a través de una acción de Conflicto de Competencia que depositó el gremio que preside Miguel Surun Hernández.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) resaltó los aspectos relevantes del controvertido nuevo Código Penal, que entiende “se quedan cortos” para una adecuación coherente entre su contenido normativo y sus propios principios reguladores.

A la Procuraduría General parece que no le será fácil obtener informaciones adicionales en Brasil para el nuevo expediente denominado Odebrecht 2.0, con el que se propone reabrir el archivo de ocho eximputados y “halar” a otros que se habrían beneficiado de US$92 millones de supuestos sobornos pagados por la Constructora brasileña en el país, y que no han sido tocados.

La jueza Keila Pérez ratificó ayer la medida de coerción a los seis imputados en el caso Coral, quienes guardan prisión preventiva por 18 meses en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.

La obligación de presentar la tarjeta de vacunación en lugares cerrados, sean estos públicos o privados, se mantendrá “contra viento y marea” por decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ayer declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta contra la medida de Salud Pública.