Como indicamos en la Parte I del relato sobre la Gestación del Movimiento Constitucionalista, el estallido previsto y convenido del 24 de abril en la Jefatura de Estado Mayor del Ejército, tuvo como antecedente de denuncia del Triunvirato y reclamo de la vuelta al orden constitucional, el Manifiesto del 27 de Febrero de Profesionales e Intelectuales, tarea realizada en todo el país recabando el apoyo y la firma de miles que -obviando ideologías y simpatías partidarias- se hicieron presente.

Esta fue obra del grupo que se reunía semanalmente en la casa de Emilio Almonte, frente a la UASD. De Santiago venían Salvador Jorge Blanco, Conrado González Monción, Aníbal Campagna y José Augusto Vega; del Este Secundino Gil Morales y César A. Bobadilla, y del Sur Luis E. Lembert Peguero. De la capital concurríamos además del anfitrión, Orlando Haza de Castillo, Antonio Avelino García, Marcelino Vélez Santana, Rafael Kasse Acta y quien escribe, entre otros. Creo de interés histórico reproducir cómo se expresó entonces la defensa de la soberanía de la Patria y la incipiente libertad de los dominicanos que eran amenazadas. Este fue su texto:

PROFESIONALES E INTELECTUALES DOMINICANOS AL PAIS:

A consecuencia de los funestos acontecimientos políticos de Septiembre de 1963, el país sufrió la pérdida de sus instituciones democráticas, y, tras el atropello a todos los derechos humanos, la corrupción y el caos administrativo, advino de inmediato la crisis económica.

En lo que quizás es el síntoma más alarmante de la anarquía general originada por aquellos infaustos sucesos, una política económica mal concebida y agravada por la irresponsabilidad y corrupción gubernamentales ha mantenido en zozobra a los sectores más dinámicos e importantes de la economía nacional.

En efecto, muchos son los graves elementos de esa política:

El abultamiento espantoso que en menos de doce meses ha experimentado la deuda pública -que asciende ahora a RD$428 millones-… y el uso desconsiderado e improductivo que se hace de los fondos obtenidos en préstamos, hasta el punto de poner en peligro la soberanía nacional. La deuda externa, de RD$205 millones, compromete por largo tiempo nuestros ingresos en divisas, disminuyendo así nuestra capacidad de importar los bienes necesarios para el consumo y para dotar de los equipos y maquinarias necesarios a la industria y a la agricultura. La deuda interna, de RD$223 millones, acarreará obligatoriamente un aumento de la casi insoportable carga de los impuestos, al no existir otro género de ingresos públicos, disminuyendo aún más la capacidad de consumo de la población, con su inevitable repercusión negativa sobre el estado general de los negocios y sobre el precario nivel de vida del pueblo. Y grande es la campaña articulada por el gobierno para justificar su decisión de aumentar la ya hipertrofiada deuda pública.

-La alarmante administración del Presupuesto Nacional, mediante la cual se aumentan los gastos innecesarios y se descuidan desconsideradamente los servicios públicos, como acueductos, alumbrado, irrigación, etc., y no se presta la debida atención a las instituciones asistenciales y educacionales de los sectores menos pudientes, como hospitales, guarderías infantiles, escuelas, asilos, etc.

-La ausencia de una política económica moderna que tienda a solucionar los problemas básicos de la economía, y que promueva el abandono, de una vez por todas, del estado de subdesarrollo en que secularmente ha estado sumido nuestro pueblo. Está en la esencia misma del régimen el no formular planes que sirvan de base a las actuaciones en el campo económico y que limiten al máximo las improvisaciones y las incongruencias, de tan funestos resultados en este delicado y fundamental sector.

-La llamada Reforma Agraria, lejos de resolver los males del campo, particularmente en lo que respecta a una mayor y mejor utilización de las tierras cultivables, la eliminación del latifundismo y del minifundismo, el abandono de técnicas y métodos arcaicos, etc., no ha sido más que un instrumento de demagogia política basada en asentamientos anticientíficos que en el futuro constituirán trabas a una solución adecuada del problema agrario dominicano.

-La agudización de la crisis en la industria azucarera, que quizás es la mayor responsabilidad que carga el gobierno de facto, propiciada por razones políticas, mala administración y ausencia de planificación de volumen de producción, costos y comercialización de sus productos.

-La política de devoluciones de bienes confiscados a la familia y a los personeros del tirano, y el evidente plan de desprestigio de las empresas administradas por el Estado, como paso previo justificatorio de su entrega a sectores interesados.

-El incumplimiento de compromisos y deudas contraídos por el Estado frente al comercio, y el mantenimiento de la vigencia de leyes y medidas supuestamente temporales.

-La pasividad gubernamental que de hecho existe ante la competencia desleal establecida por el contrabando.

Pese, sin embargo, a la arbitrariedad característica de la conducta del gobierno de facto, los ataques estranguladores a la libre expresión de las ideas no han logrado alcanzar la destrucción de ese derecho vital para el desenvolvimiento democrático. Las libertades públicas, una vez alcanzadas, se arraigan de tal manera en el pueblo, que es preciso recurrir a métodos tiránicos para hacerlas desaparecer, y esta es la razón de la actitud draconiana que sistemáticamente ha asumido el gobierno, prohibiendo las emisiones radiales de programas políticos y toda clase de actividades de este género en cualquier esfera de la expresión pública.

Se ha llegado hasta a tratar de imponer una tregua injustificada que obligue a los partidos a mantenerse en una inercia casi total, mientras el gobierno con todos los resortes del poder realiza propaganda política con fines obviamente continuistas. Ese gobierno, que alcanzó el poder en contra de la voluntad popular, y que se mantiene en él ejerciendo coacción, pretende incluso violar el periodo que él mismo se auto-determinó. Es evidente que a medida en que se aproxima la fecha en que el Primer Triunvirato manifestó que abandonaría voluntariamente el poder, el actual gobierno busca desesperadamente propiciar un ambiente que justifique su prolongación.

En resumen, tal es la crisis económica, el caos administrativo, la corrupción en todas las esferas de la administración pública, y el definitivo desenmascaramiento de los innobles propósitos que motivaron la tragedia de septiembre, que hasta muchos de los gestores del actual estado de cosas tratan de lavarse las manos. Es lamentable que sectores espirituales y políticos de carácter internacional, cuya evidente influencia en nuestro país les obliga a comprender mejor los problemas dominicanos, puedan aún creer posible la superación de estos mediante el sistema y los métodos antidemocráticos de gobierno representados por el grupo en el poder, dándoles su respaldo.

Alienta el espíritu, sin embargo, ver que el pueblo va encontrando el camino, el de la unidad, contra esta grave situación. Es alentador el ejemplo del reciente pacto suscrito entre los Partidos Revolucionario Dominicano y Revolucionario Social Cristiano, al constituir un Frente Democrático con el propósito de alcanzar la meta de un inmediato retorno a la Constitucionalidad perdida. En razón de todo lo expuesto, los profesionales e intelectuales dominicanos suscribientes, RESUELVEN:

LLAMAR A TODOS LOS SECTORES DE LA NACION A CONSOLIDAR SUS ESFUERZOS EN UNA ACCION UNITARIA PARA OBTENER EL CESE DEL ACTUAL ESTADO DE COSAS, MEDIANTE EL INMEDIATO RETORNO A UN ESTADO DE DERECHO QUE GARANTICE LA SUPERACION ABSOLUTA DE LOS GRAVES MALES QUE AQUEJAN A NUESTRA INFORTUNADA PATRIA.

Razones de espacio impiden publicar el gran número de firmas que respaldaron este manifiesto.

COMISIÓN REDACTORA:

Arq. Leopoldo Ant. Espaillat Nanita, Dr. Francisco Antonio Avelino García, Dr. Bolívar Batista del Villar, reunidos en las oficinas del Dr. Euclides Gutiérrez Félix, Edificio El Palacio, Calle El Conde esq. Calle 19 de Marzo.