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WASHINGTON. AP. Activistas denunciaron ayer que la desprotección jurídica de cientos de miles de dominicanos ha aumentado a raíz de cuatro sentencias emitidas desde septiembre que le revocan la nacionalidad a descendientes de inmigrantes haitianos. Natanael Santana, director del Departamento de Asuntos Laborales y Migratorios del Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (Cedail), dijo que “no existe voluntad política para resolver el problema”.
En 2007 la Junta Electoral comenzó a retener documentos a miles de descendientes de inmigrantes haitianos con el argumento de que los inscribieron de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana. El Tribunal Constitucional validó en septiembre las decisiones de la Junta Electoral y ordenó, en una sentencia inapelable, abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de los nacidos en el país después de junio de 1929 cuyos progenitores fueran extranjeros sin permiso de residencia.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional dejará apátridas a 250.000 personas, entre ellas unos 210.000 descendientes de haitianos. La Junta Central Electoral insiste que solo afectará a 24.000. El presidente Danilo Medina aún no ha presentado al Congreso un proyecto de ley para naturalizar a los miles de afectados por la desnacionalización.
