MADRID. El consorcio internacional GUPC, liderado por la española Sacyr, y la Autoridad del Canal de Panamá llegaron este viernes a un acuerdo para financiar la ampliación de esta infraestructura tras dos meses de conflicto que pusieron en peligro el proyecto.

El faraónico proyecto de ampliación para permitir el paso de navíos con el doble de capacidad de carga entre los océanos Pacífico y Atlántico ha estado plagado de desavenencias sobre quién debe asumir el sobrecoste estimado de 1.200 millones de euros (1.600 millones de dólares) de la ampliación.

Finalmente este viernes GUPC anunció en un comunicado transmitido por Sacyr «el cierre de las negociaciones con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) con un acuerdo conceptual final para resolver los problemas de financiación» de la ampliación del canal.

«El acuerdo está sujeto a un proceso de documentación que ya está en marcha y que concluirá con la firma prevista próximamente», señala el comunicado de GUPC, que sin embargo no detalla las condiciones del pacto.

El conflicto, que estalló el 30 de diciembre, dio lugar a múltiples negociaciones en las que llegó a intervenir el gobierno español a través de su ministra de Fomento Ana Pastor.

Las desavenencias llegaron a provocar la paralización de las obras entre el 7 y el 20 de febrero. En ese momento, la ACP remitió a la GUPC 36,8 millones de dólares correspondientes a los trabajos facturados en diciembre pasado con el objetivo de avanzar en la negociación para poner fin a esta crisis.