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El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), Antonio Taveras Guzmán, calificó como riesgoso y poco productivo el hecho de que más del 87.5% de las nuevas inversiones de los fondos de pensiones sea dedicado a comprar instrumentos de deuda del Banco Central y a cubrir el déficit presupuestario a través del Ministerio de Hacienda.
Para el dirigente empresarial, los fondos del sistema de pensiones deberían estar siendo resortes del desarrollo económico y de generación de empleos productivos, al tiempo de estar produciendo mejores rendimientos para garantizar un retiro digno de los aportantes, que son los trabajadores y las empresas.
Destacó que, de acuerdo con los datos oficiales publicados trimestralmente por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), entre 2014 y 2018 la cartera de inversiones de los fondos de pensiones prácticamente se ha duplicado, pasando de RD$276,546 millones a RD$559,865 millones, y que el 87.2% de ese crecimiento ha sido invertido en instrumentos financieros y de deuda del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
“Si las AFP tuvieran que comenzar hoy mismo a pagar pensiones en forma masiva, no habría dinero disponible para esos fines, debido a que en su mayor parte los fondos están capturados en instancias del Estado cubriendo déficits que parecen una bola de nieve”, manifestó Taveras Guzmán.
Explicó que en el caso de Hacienda las inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) crecieron en 245.3% entre 2014 y 2018, al pasar de RD$44,422 millones a RD$153,372 millones,según los datos de la SIPEN.
“Es importante señalar que la colocación de los recursos de los trabajadores en bonos de Hacienda triplica el monto invertido por las AFP en papeles de los bancos comerciales privados, que suman RD$52,950 millones”, dijo.
En cuanto al Banco Central, el presidente de la ANEIH indicó que la inversión de fondos de pensiones ha crecido 97.3% desde junio 2014 hasta junio de 2018, para financiar el déficit cuasi fiscal de esa institución monetaria, a causa del incumplimiento reiterado de la Ley de Recapitalización por parte del Gobierno.
