La Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) considera que el proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles y desahucios obstaculiza el desarrollo del sector inmobiliario en el país.
La pieza, que tiene por objeto dictar las normas para regular las relaciones jurídicas fruto del alquiler de bienes inmuebles, todavía no ha sido aprobada en segunda lectura por la Cámara de Diputados.
“Desde la AEI denunciamos que, pese a que la norma ha sido estudiada por la subcomisión de justicia de la institución, no se ha tenido en cuenta para su reformulación a todos los actores involucrados y sus planteamientos como es nuestro caso. Por tanto, es un cuerpo legal que adolece de consenso y equidad“, explicó Claudia Castillo, presidenta de la AEI.

Dijo que la AEI entiende la necesidad de modernizar la normativa legal vigente en el sector inmobiliario, pero disiente de la forma en que se pretende lograr esto a través de disposiciones que violan el libre acuerdo entre las partes en un entorno legal democrático.
Por ejemplo, contempla el depósito obligatorio en Banco Agrícola de los avances de alquileres efectuados por inquilinos en el país.
“Este precepto que contempla la ley viola el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 39 de nuestra Constitución, pues se estaría privilegiando a un sector con fondos que provienen de particulares y ello desembocaría en una distorsión legal”, apuntó.
Cree que esos depósitos pudiesen canalizarse por otras instituciones más idóneas hacia el desarrollo inmobiliario, como puede ser el Banco de Reservas.

La arquitecta sostuvo que esta pieza mantiene la estructura de la medida tomada en 1955 de imponer la obligación de depositar los avances de alquileres en el Banco Agrícola por lo que no responde las necesidades actuales.
“La normativa se concibió en un contexto diferente al actual. Por eso, no sería conveniente imponer mediante recargos obligatorios de un 10% por cada mes de retraso, en el depósito de los avances de alquileres al Banco Agrícola, haciendo solidariamente responsables de este pago a los administradores de inmuebles”, puntualizó.

Aseguró que un efecto no deseado con la aprobación de la ley sería la informalización de los alquileres y la fuga de inversiones extranjeras, lo cual perjudica a un sector mueve la economía dominicana.
“Queremos una regulación con sentido y consenso. El sector inmobiliario ocupa el cuarto renglón en el país actualmente en materia de inversión. Hay una necesidad de 900 mil nuevas viviendas. Esta pieza pone en riesgo un clima de inversión saludable”, dijo.