Soila Paniagua 
El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, varió la prisión preventiva a Ángel Rondón Rijo y a Víctor Díaz Rúa, imputados en el caso de sobornos por más de US$92 millones pagados por la empresa brasileña Odebrecht, a garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
A Rondón Rijo se le varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva, que cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por el pago de 70 millones de pesos, presentación periódica a los tribunales e impedimento de salida del país.
Mientras que al ingeniero Díaz Rúa se le varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva que cumplía en el CCR de Najayo, por el pago de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódica a los tribunales cada mes.
Ambos saldrán en libertad cuando sus abogados cumplan con los requisitos exigidos, proceso que podrían cumplir en 48 horas.
Entre los factores que sustentaron la decisión del juez Ortega Polanco está que no presentan peligro de fuga.
En tanto, los abogados de la defensa, que integran Antonio Delgado, Miguel Valerio y Ramón Núñez, entre otros, se quejaron por el monto de la garantía económica, que consideran sin precedente en el país.
Los garantes. En el proceso, que empezó en la mañana, se presentaron como garantes personales, para que el juez variara la medida de coerción, el exministro de Interior y Policía Franklin Almeyda y el abogado y periodista Nanphi Rodríguez, en el caso de Díaz Rúa.
Por Angel Rondón Rijo se presentaron el dirigente reformista José Ramón González y el empresario Manuel de Jesús Paniagua, que prometieron vigilar y garantizar que los imputados no se sustrajeran del proceso.
Sus abogados también recurrieron al principio de igualdad, señalando que a los demás imputados en el caso Odebrecht la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia les había variado las medidas de coerción.
Dijeron que el Ministerio Público no apeló ni el proceso se ha entorpecido, además de que el abogado de la empresa brasileña, Robert Valdez, en el contrato que firmó con el procurador general, Jean Rodríguez, dice que no habrá más documentos probatorios.
Según la Procuraduría General, los imputados tienen bienes y helicópteros y solo están esperando salir de la cárcel “para ocultar bienes, desaparecer pruebas y salir del país”.
Angel Rondón y Díaz Rúa eran los únicos de los 11 implicados en el caso que aún permanecían en la cárcel, por decisión del juez, que consideró estaba más seguro ahí que en la calle.
