Buenos Aires. El gobierno argentino insistió hoy en la necesidad de que el juez neoyorquino Thomas Griesa otorgue una medida cautelar que permita a Argentina tener el tiempo suficiente para lograr la reestructuración de la deuda total con sus acreedores, en condiciones “necesarias y justas».

“Es necesario un stay (medida cautelar) hasta el mes de enero próximo para lograr la reestructuración de la deuda total con los bonistas”, aseguró hoy en rueda de prensa el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, quien hizo hincapié en la importancia de que Griesa suspenda su sentencia.

Según Capitanich, “hay una cuestión simple y clara- se necesita una actitud del juez generando el tiempo necesario. Argentina lo ha repetido hasta el cansancio. Es muy simple y sencillo de resolver si existe una buena fe de parte de los (fondos) buitres y del juez».

El jefe de Gabinete reclamó “condiciones justas y equitativas para todos los bonistas” y advirtió que “si no hay acercamiento de las partes es imposible generar mecanismos de convergencia».

“Lo que se necesita es una actitud del juez respecto a la cláusula RUFO (derecho sobre ofertas futuras) , y esto es simple y sencillo de resolver si existe buena fe de los fondos buitres y una actitud acorde del juez para ingresar en la última fase de las negociaciones”, subrayó.

Capitanich recordó que el magistrado “ha recibido críticas de parte de medios estadounidenses como por ejemplo el New York Times y también de otros medios nacionales que observan ciertas actitudes del juez y mala fe de los fondos buitres».

Insistió en que “Argentina paga, cumple con sus obligaciones”, y que “es muy claro” que la posición de los fondos buitre y de Griesa “está asociada a pulverizar el proceso de renegociación de deuda» del país sudamericano.

“Por un lado -prosiguió- están diciendo que quiere negociar y por el otro lado se obstaculiza el pago a los bonistas que entraron al canje».

“Nosotros decimos que es necesario un stay hasta el año próximo y en ese contexto se darán las condiciones que deben ser justas, equitativas y legales para la reestructuración de la deuda con todos los acreedores”, sostuvo.

Según Capitanich, “la vigencia de la cláusula RUFO tiene implicaciones sistémicas sobre la deuda reestructurada, y cuando se habla de las exigencias de los fondos buitre hay que aclarar que la Argentina es un país soberano y la suspensión de la sentencia no implica ninguna alteración».

“Lo que se plantea (en las negociaciones) un tiempo de espera, no hace falta ninguna garantía, la garantía es la sentencia misma, los fondos buitres quieren pulverizar los acuerdos reestructurados”, concluyó.

Representantes del Gobierno argentino volverán a reunirse hoy con el mediador judicial estadounidense, Daniel Pollack, en Nueva York, en un nuevo intento contrarreloj de evitar que el país caiga en una suspensión de pagos.

Las negociaciones de ayer se cerraron sin avances, en medio de acusaciones y el rechazo de Argentina a dialogar cara a cara con los demandantes.

Los fondos buitre reclaman al país sudamericano el pago de 1.500 millones de dólares bajo la cláusula “pari passu”, que obliga a un pago simultáneo a todos los bonistas, con o sin quitas, o, en su defecto, la prioridad de pago a los tenedores de bonos sin quitas.