El secretario de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Jaime Ángeles, afirmó que el país tiene una base legal en el campo tecnológico, pero amerita una aplicación rigurosa de la ley y mayor educación.
Precisó que la República Dominicana cuenta con una buena ley de comercio electrónico y otra de delitos de alta tecnología para penalizar los fraudes que se cometan.
Dijo que la educación debe ir dirigida a que el comerciante sepa que puede incursionar en el comercio electrónico, pero tomando medidas de seguridad.
Sostuvo que el personal del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat), que dirige el coronel Licurgo Yunes, debe ser aumentado. Elogió el trabajo que realiza Yunes.
Consideró que el ministerio público debe prepararse sobre los delitos eléctricos, a pesar de que existe un procurador adjunto que aborda el problema.
El fraude electrónico en el país no es diferente al de otras naciones y el papel del comercio es responder al fraude, sostuvo.
Ángeles participó en el conversatorio sobre “Retos y oportunidades para impulsar el comercio en plataformas electrónicas”.
De su lado, el encargado de Defensa de la Competencia del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), César Moliné, dijo que cada empresa que maneje una base de datos está obligada a tener una protección básica.
“Si usted no cumple esa seguridad básica, no debería manejar información de un tercero”, opinó.
Dijo que no todo el escape de una información se da por un hacker y cree que se deben tomar medidas básicas para limitar los ataques de terceros.