Juan María Ramírez 
Durante los siete años de operación de las cinco Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) que auspicia Participación Ciudadana (PC) en Santo Domingo, Santiago y La Vega prestaron atención a 125,912 usuarios, a quienes su estado de vulnerabilidad les hubiese impedido acceder a los mecanismos judiciales normales y muchos estuvieran hoy en el cementerio, en la cárcel o en hospitales.
Esta cifra fue repartida en los centros ubicados en Cienfuegos y La Joya, de Santiago; en La Vega y Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, de los cuales 67,377 favorecieron a mujeres y 58,535 a hombres. Se prestaron de 69,251 servicios de atención y orientación legal a través de las unidades del Centro de Recepción e Información, Fiscalía, Mediación, Orientación legal, Municipalidad y Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género.
Entre los conflictos más frecuentes figuraron problemáticas de manutención de hijos menores, regulación de visitas a los hijos, partición de bienes, tutela de los niños, inquilinato, deudas y conflictos por aguas residuales y linderos, así como deudas, amenazas, robo, estafa, difamación e injuria, entre otros.
José Ceballos, encargado del área de Justicia y Derechos Ciudadanos de PC, indicó que para este año tienen previsto abrir al menos dos casas en el Distrito Nacional, principalmente en barrios de la zona norte, para lo que ya existe un acuerdo con el alcalde Roberto Salcedo, quien acogió el proyecto y lo envió al Concejo de Regidores para su aprobación.
Experiencia única. Explicó que el programa es la única experiencia en que al mismo tiempo trabajan la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Procuraduría General de la República, Defensa Pública, los ayuntamientos, además de instituciones como las iglesias, universidades y organizaciones comunitarias.
