Prefiero las constituciones breves, las que establecen grandes postulados, las que dejan las particularidades a las leyes, las que casi nunca se modifican.

He señalado en diversas ocasiones que en América Latina se agrandan las constituciones para violarlas más. Me opuse a la reforma constitucional de 2002, de 2010, y el intento de ahora no es mejor.

Esa Constitución de 2010, que llamé en su momento “constitución para el atraso”, sentó las bases para la violación del derecho a la vida de las mujeres, creó un apartheid social, contaminó aún más el sistema judicial, y estableció la reelección indefinida (aunque a regañadientes la hicieran no consecutiva) que fomenta el caudillismo.

He ahí el enfrentamiento político-constitucional con Leonel Fernández aspirando por cuarta vez y los danilistas reclamando su derecho a seguir.

Esa Constitución de 2010 fue tocada y retocada por las fuerzas conservadoras del país, y finalmente santificada por Leonel Fernández y su ungido del PRD. Ese fue el nombrado gran consenso político.

Cierto, muchos participaron, muchos creyeron; pero el objetivo fundamental de los principales arquitectos del texto constitucional era establecer un orden jurídico y político conservador difícil de modificar; no por respeto a la Constitución, sino para preservar su obra macabra, a través de la cual pensaban gobernar por lo menos hasta el 2044.

La fábrica de presidentes la aportaría el PLD, reducido fundamentalmente a uno que repetiría con la ayuda de un cortejo. El referendo lo incluyeron no para hacer el sistema más democrático, sino para dificultar los cambios de planes.

Los problemas de esa Constitución de 2010 son tales, que el presidente Danilo Medina tuvo que observar el Código Penal para que este país no quedara como uno de los poquísimos en el mundo donde las mujeres tienen que morir porque no hay un aborto legal para salvarles la vida en caso de embarazos riesgosos. Pero ahí siguen los conservadores, amparados en el Artículo 37, remachando su supuesta defensa a la vida en el Tribunal Constitucional.

El castillo de poder gestado a través de la Constitución de 2010 está, sin embargo, tambaleándose. Ahora parece más de arena que de mármol. Las altas cortes están desacreditadas, el PRD pulverizado, Leonel Fernández abatido, el PLD fracturado, Hipólito Mejía derrotado, y la ultra-derecha en rebeldía contra el Gobierno de Danilo Medina.

En medio de este lío se unen sectores de todas las tendencias en defensa de la Constitución de 2010 para que no la modifiquen. ¡Vaya paradoja! Lo lamentable es que al Gobierno sólo le interese modificar la reelección y no todo lo que ahí está mal.

En República Dominicana no hay respeto a la Constitución porque los políticos nunca la han elaborado para bien del país sino para beneficio propio. La Constitución de 2010 no es excepción por más que se cacareara consenso. Fernández tuvo dos períodos consecutivos para armar el espectáculo de reforma.

Las constituciones dominicanas han sido fundamentalmente instrumentos para buscar longevidad en el poder, pero la realidad cambiante de estos tiempos disminuye esas posibilidades.

Veamos el récord reciente: la Constitución de 1994 duró hasta 2002 (ocho años), la de 2002 hasta 2010 (ocho años) y la de 2010 va camino a durar menos de seis años. En todas, el principal objetivo ha sido modificar el sistema de reelección para que el presidente de turno se quede o pueda volver.

La Constitución Dominicana debería reducirse de 277 artículos que tiene actualmente a unos 50 artículos de valor que se cumplan y respeten en muchos años por venir. Tanto palabrerío sólo sirve para encubrir cómo se reparte el moro entre los políticos.