La comunicación, ya sea en lo humano, en lo social, en lo empresarial, en lo institucional, en lo político, en lo gubernamental y en lo comercial, se espera que sea un proceso en el que siempre estén presentes el respeto, el diálogo, la ética, la equidad y la participación. En definitiva, la comunicación es un eje transversal y estratégico, sin el cual es imposible que las sociedades alcancen un desarrollo sano y sostenible. En sociedades pobres de institucionalidad y carentes de sistemas de consecuencia, los que determinan la estructura y contenidos de la comunicación masiva, debería ser personas con alta y probada vocación de servicio y preocupación por el bienestar colectivo.
En las sociedades cuyos miembros e instituciones no confían en los que elaboran y aplican las leyes, es de esperarse que los que gestionan los medios masivos de comunicación asuman un rol de equilibrio y defensa de los intereses y derechos de los ciudadanos. Además, cuando las sociedades se hacen indiferentes a la corrupción, a la impunidad y operan al margen de la institucionalidad, son los medios de comunicación los que tienen que garantizar a los ciudadanos vivir como Dios y la Constitución mandan. En sociedades como la dominicana, en la que los poderes político y económico deciden la suerte de millones de ciudadanos, determinan la calidad del clima de negocios e inciden en la credibilidad de la imagen de marca país, lo lógico sería que los que manejan los contenidos de la comunicación masiva, entiéndase periodistas, comunicadores y dueños de medios, asumieran con responsabilidad, ética y profesionalidad su papel de cuarto poder y de veedores sociales. La comunicación masiva no puede ser empleada como medio para invisibilizar acciones y jugadas tramposas y deshonestas de determinados grupos corporativos, políticos y sociales. La comunicación debe estar al servicio del bienestar colectivo.