El procurador general Francisco Domínguez Brito, afirmó ayer que el sistema abierto de cárceles, las organizaciones de Derechos Humanos y los convenios internacionales, dificultan la adopción de controles para evitar que reductos de peligrosas bandas de narcotráfico y sicariato operen y vuelvan a organizarse desde los centros penitenciarios en el país.
Dijo que es lo que ha sucedido con José Rodríguez Almonte (Job), preso en la cárcel de Monte Plata por sicariato y jefe de la banda que asesinó al periodista Blas Olivo el pasado 12 de abril, en Bonao.
Cárcel máxima seguridad. Domínguez Brito informó que para solucionar ese tipo de casos, el Ministerio Público trabaja en el diseño de una cárcel de máxima seguridad que se edificaría al lado de Najayo, en San Cristóbal, con capacidad para unos 200 internos.