César Pérez 
Los principales responsables del intento de genocidio civil contra los dominicanos de origen haitiano no son los jueces del Tribunal Constitucional encabezado por quien Peña Gómez, en su momento calificó de polilla palaciega, sino por un grupúsculo enquistado en el presente gobierno y en la sociedad dominicana, que con mucho tino, responsabilidad y sin media tinta, Minou Tavárez Mirabal califica de rémora remanente del trujillismo.
Con esa resolución, ese grupúsculo ha cometido una oprobiosa circunstancia ante la cual resulta imperdonable el silencio del PLD y del PRD. El primero poco tiene que decir, pues comparte el poder con parte de esa rémora, a la cual le ha dado como coto cerrado el manejo de la cuestión haitiana, al poner como director de la importante Dirección de Migración a un títere del jefe de ese grupúsculo y como jefe de Relaciones Exteriores a una figura del balaguerismo.
De quien dice ser presidente del PRD, nada puede esperarse. En medio de esta situación ha sido beneficiado con la resolución del Tribunal Superior Electoral que ordena desbloquear la cuenta que éste maneja en nombre de ese partido.
Sin embargo, es condenable que muchos de los principales dirigentes perredeistas hasta el momento no se han pronunciado de manera categórica contra la resolución del Tribunal Constitucional, unos por miedo a los altos dignatarios del clero católico, integrantes del grupúsculo rémora, que han expresado su apoyo al TC, los otros porque carecen de una concepción ideológica que los lleve a condenarlo.
Y esto es parte del drama de este país, pues grandes franjas de la clase política y de la sociedad en general carecen de claridad sobre algunos valores básicos de la democracia.
En cualquier país del mundo, una resolución como la referida se hubiese convertido en una amplia e intensa discusión fundamentalmente política y no centrada básicamente en cuestiones de orden jurídico y moral. ¿Cómo creer en políticos que son incapaces de ignorar la suerte de centenares de miles de seres humanos a quienes se les quiere negar sus inalienables derechos a su nacionalidad y a sus pertenencias culturales y referenciales?.
Así como el silencio ante el intento de genocidio civil retrata de cuerpo entero a esos políticos, el silencio del Presidente y de algunas figuras de su gobierno los incrimina y los hace cómplices de tan vergonzoso hecho. No puede alegar que eso es un tema de la Justicia o que desconocía lo que se cocía en el Tribunal Constitucional, porque es sabido que antes de que se publicase la resolución la variopinta alta dirección de la rémora trujillista y nazis/fascista ya conocía su contenido y lo anunciaba como una “sentencia histórica”.
El hecho es que esa sucia sentencia, con la que se pretende “limpiar” étnicamente este país, se ha constituido en un problema político de dimensiones éticas, morales y políticas nacionales e internacionales, por lo cual el jefe del Estado está obligado a salir de su silencio e intervenir para buscar una salida favorable a los afectados. Los políticos que mantengan un silencio cómplice ante este intento de genocidio civil quedaran incriminados, repudiados y descalificados por siempre para hablar en nombre de este pueblo.
