Pueblo Dominicano:

Me dirijo a Uds. esta noche porque estoy consciente que debido a las tensiones suscitadas por el intento de reformar la Constitución de la República con el propósito de hacer posible la reelección presidencial, hay mucha intranquilidad y nerviosismo en distintos sectores de la vida nacional, y mucha angustia y ansiedad dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana.

Lo primero que debo decir al respecto es que contrario a la percepción que ha querido crearse, mi observación a la referida reforma constitucional no obedece al hecho de que sea un ambicioso, un mezquino o un obstinado que desafía todos los obstáculos , aunque las circunstancias, supuestamente, no le favorezcan.

Nada más descabellado. Mi observación no obedece a razones tan innobles. Resulta, más bien, de una convicción; de valores y de principios que he sustentado con mi propia conducta o proceder, a lo largo del tiempo, cuando requerido por la dinámica de los acontecimientos, he tenido que adoptar decisiones sobre el particular.

Por ejemplo, muchos recordarán que durante mi primera gestión de gobierno, allá por el 1998, el presidente del Senado, Amable Aristy Castro, del Partido Reformista Social Cristiano, me hizo pública la propuesta de reformar la Constitución de la República a los fines de hacer posible la reelección presidencial.

El senador Aristy Castro incluso me visitó a mi casa para persuadirme de la necesidad de realizar la susodicha reforma. Al senador Aristy Castro le agradecí su gesto de confianza hacia mi persona, pero inmediatamente le expresé mi desacuerdo con su proyecto de reforma constitucional.

Pero el senador reformista no se daba por vencido. Poco tiempo después volvió, pero esta vez acompañado del Dr. Donald Reid Cabral, quien también se sumó a la causa de la necesidad de la reforma del texto sustantivo de la nación.

A ambos les reiteré mi negativa, pero había tal vehemencia y ardor en sus planteamientos que me pidieron visitar al Dr. Joaquín Balaguer, para escuchar directamente de sus labios el mensaje que me habían estado transmitiendo.

Visité a la legendaria figura de la política dominicana y hombre poseedor de una cultura enciclopédica, en su residencia de la Avenida Máximo Gómez No. 25. Allí conversamos sobre diversos tópicos, pero muy especialmente sobre el tema que nos concernía: el de la reforma constitucional para viabilizar la reelección presidencial.

Escuché con gran atención e interés al viejo zorro de la política discernir sobre la inevitabilidad de modificar nuestra Carta Sustantiva, en razón de las graves amenazas de inestabilidad y retroceso que se cernían sobre el país ante la posibilidad de que la oposición saliese triunfante en las urnas.

En todo caso, lo que le manifesté, en medio de la gratitud y el respeto, fue mi desacuerdo, fundamentado en el hecho de que no me parecía aconsejable modificar la Constitución para beneficio propio; y en razón de que la última vez que en la historia de la República se había intentado hacer, en la época de Horacio Vásquez, le abrimos las puertas a la larga tiranía de Rafael Leónidas Trujillo.

Mis argumentos no le parecieron convincentes. No estuvo satisfecho con mi decisión, pero finalmente la aceptó. Acordamos mantener la comunicación ante cualquier otra eventualidad. Nos dimos un fuerte abrazo; y finalmente, nos despedimos.

Como siempre, tomé la decisión que entendía correcta, guiado por mis principios. Años más tarde, con el apoyo de más de dos millones de votantes, por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana, sin tener que haber modificado la Constitución, retornamos al poder en el 2004.

Con este triunfo del pueblo dominicano, desde el gobierno logramos recuperar la confianza, que estaba completamente perdida. Se redujo la tasa de cambio, que de 57 pesos por cada dolar, se colocó, de manera inimaginable, a tan solo 28 dólares por cada peso. La inflación bajó. La economía se estabilizó y volvió a crecer por encima del 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Se generaron nuevos empleos. Se aplicaron, de manera activa y eficiente, políticas sociales que hoy son ejemplo para toda la región; y se disminuyó, en forma significativa, el nivel de pobreza.

Como consecuencia de esos logros, obtuvimos, nuevamente, el respaldo mayoritario del electorado en los comicios de medio término del año 2006. En esa oportunidad, conquistamos, por vez primera, como Partido de la Liberación Dominicana, el mayor número de Senadores, Diputados y Alcaldes en el espectro político nacional.

Debido a esa resonante victoria, proclamé que la ruptura histórica experimentada con el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch, en el 1963, se había vuelto a reencontrar con el triunfo de las fuerzas peledeístas en el 2006.

Entonces afirmé que el boschismo había vuelto a ser mayoría en la República Dominicana, y que esa era la ocasión precisa para continuar la Revolución democrática institucional que el líder y fundador de nuestro glorioso Partido de la Liberación Dominicana, profesor Juan Bosch, el más agudo pensador y analista político nacional, había iniciado desde sus luchas en el exilio y tras la muerte de Trujillo.

En razón de que la Constitución fue modificada en el 2002 por mi antecesor, no tenía ningún impedimento constitucional ni legal para presentarme a un segundo mandato consecutivo en el año 2008. Así lo hice, obteniendo nuestro Partido de la Liberación Dominicana un nuevo triunfo, a pesar del impacto de la crisis económica global, que condujo a un incremento inusitado de hasta 147 dólares el barril de petróleo, y a alzas desmesuradas del precio de los alimentos, fruto de la especulación financiera de contratos a futuro de productos básicos.

El 2010 fue memorable. En esa ocasión, todo el mapa electoral de la República Dominicana fue teñido de morado. Se había logrado lo que nunca antes organización política alguna había alcanzado en la historia política de la República Dominicana: haber ganado 31 de de las 32 provincias del país.

Todo eso, naturalmente, era posible por la estabilidad, el crecimiento, el desarrollo, el progreso, la modernización, la institucionalización y el bienestar que venía experimentando nuestro país, bajo la conducción del Partido de la Liberación Dominicana.

Los representantes de organismos multilaterales, las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país, las agencias calificadoras de riesgo, los diversos núcleos empresariales, los dirigentes sindicales, los visitantes extranjeros y los compatriotas que retornaban al lar patrio, todos sólo expresaban palabras de encomio y de asombro frente a los cambios que se erigían ante sus ojos, como testigos de excepción.

Y así, de esa manera, las agujas del reloj se movían de manera indetenible hacia la celebración de nuevos comicios presidenciales en el 2012. Pero desde un año antes, en el 2011, la efervescencia de la campaña empezó a sentirse. Se realizaban distintos actos en favor de una nueva reelección. Las diversas encuestas que se hacían, nos colocaban como favorito para ganar en primera vuelta.

Como parte de esos eventos, 27 Senadores me giraron una visita al Palacio Nacional sólo con el propósito de expresarme su solidaridad y apoyo ante cualquier decisión que adoptase con respecto al tema de la reelección. Igual ocurría con la mayoría de los Diputados y Alcaldes de nuestra organización política, quienes querían arrimar sus hombros y hacer causa común conmigo ante la eventualidad de una nueva candidatura presidencial.

Finalmente, aconteció lo insólito. Se celebró un solemne, apasionante y masivo acto en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, para hacer entrega de 2 millones 400 mil firmas de ciudadanos, en el que se nos solicitaba aceptar una nueva candidatura a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana.

A pesar de todo el apoyo manifestado, de los grandes encuentros realizados y de todos los testimonios de respaldo, lo que hice fue pronunciar un discurso en el que expresé mi preocupación en el sentido de que si intentase responder positivamente a las peticiones de diversos sectores en favor de una nueva candidatura presidencial en el año 2012, se estaría reproduciendo una antigua y rechazada práctica histórica nacional de pretender perpetuarse en el poder.

No es esta la primera vez que lo digo. Eso lo expresé en el 2011, cuando tenía un respaldo abrumador, dentro y fuera de nuestro Partido; y cuando todas las encuestas señalaban que ganaría en primera vuelta con porcentajes parecidos a los de elecciones anteriores.

A pesar de todo eso, no cambié la Constitución para reelegirme. No l o hice en el 1998, cuando me pedían a voz en cuello que me amarrara los pantalones; ni lo hice en el 2011, cuando no claudiqué, ni ante el reclamo de las multitudes, ni ante los números de las encuestas.

La razón era muy sencilla. No lo hice por mi profundo respeto por la Constitución de la República; y por mi inocultable temor de que la democracia, por la que tanta sangre se ha derramado, fuera a sucumbir una vez más.

En el 2012 hice fue lo que me correspondía hacer, tanto por mi condición de Presidente del Partido de la Liberación Dominicana, como por lo que me dictaba mi propia conciencia, que era apoyar en cuerpo y alma a nuestro candidato presidencial, compañero Danilo Medina, a los fines de que pudiera coronar con éxito sus aspiraciones de subir las escalinatas del Palacio Nacional.

Nuestro candidato estaba 25 puntos por debajo en las encuestas. Pero decidimos trabajar unidos, como corresponde siempre dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Creamos tres frentes de batalla. Recorrimos todo el territorio nacional. Concitamos, una vez más el apoyo nacional; y volvimos a ganar en primera vuelta.

Sé que en determinados círculos de opinión se sostiene el argumento de que el propósito de la reforma a la Constitución del 2010 fue el de rehabilitar mis posibilidades de retorno al poder. Nada más incierto. La reforma constitucional del 2010 no se hizo con esa finalidad.

Al revés, esa fue una reforma integral, pactada con todos los sectores de la vida nacional, mediante un mecanismo de consulta popular, como no se había hecho nunca en la historia nacional, que abarcó la casi totalidad de la Carta Sustantiva, motivo por el cual muchos abogaban que se hiciese bajo la forma de una Asamblea Constituyente.

En lo concerniente al actual sistema de elección presidencial, no fue mi criterio el que prevaleció. Fue el de otras fuerzas que consideraron que era más adecuado volver al modelo alternativo de la Constitución del 1994, que continuar con el mecanismo impuesto en la reforma del 2002.

Pero mi desapego y desinterés por ocupar cargos no proviene únicamente de haber desestimado en dos ocasiones reformar la Constitución para reelegirme. Eso viene de muchos años atrás, cuando, por ejemplo, en el 1986 fui escogido como Diputado por el Distrito Nacional, y a pesar de haber sido despojado injustamente de esa elección, no presenté un solo motivo de agravio ante las autoridades de nuestro Partido.

Lo mismo volvió a ocurrir en el 1990. En esa ocasión se me pidió , nueva vez, abandonar la boleta como eventual candidato a Diputado por el Distrito Nacional, porque, supuestamente, se tenía previsto que ocuparía la función de Canciller de la República, en el caso hipotético de un triunfo en las urnas.

Luego de los acontecimientos que frustraron la llegada al poder de nuestra organización en esas elecciones, un compañero, tal vez con el propósito deliberado de zaherirme, en tono sarcástico, me expresó: ¨Tu sabes que si hubiésemos ganado, a ti sólo te habrían propuesto la posición de Vice-canciller.¨

Mi respuesta le sorprendió. Sólo atiné a decirle: ¨Pero es que como Vice-canciller todavía habría sido demasiado para mí.¨

Posteriormente, en el 1993, cuando se me sugería ser candidato a la Vice-presidencia para las elecciones del año siguiente, en 1994, decliné amigablemente la propuesta, y hasta propuse quien sería el compañero más idóneo para tan alta distinción.

Todo este relato lo he traído a colación para indicar que en todo lo largo de mi trayectoria política, tal vez de manera atípica, nunca me he procurado cargos o puestos. Los que se han conquistado a lo largo de los años, han sido sobre la base del reconocimiento espontáneo y generoso de núcleos de amigos y compañeros que simplemente han confiado en mí; y han creído ver en mi persona determinadas cualidades que les atraen y les simpatizan.

Pero ni antes ni ahora mi lucha jamás ha sido por un cargo. Antes como en la actualidad, lo que siempre me ha animado es la lucha por una causa. Por una causa que considere justa, noble y valedera.

Y en estos momentos, la causa que asumimos es la del respeto por nuestra Constitución, la defensa de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Lo hago porque como principal promotor o auspiciador de la actual Carta Magna, sin que nadie me haya dado mandato para ello, me siento, sin embargo, en la obligación moral de ser su guardián, su vigilante y su centinela, al igual que todo el pueblo dominicano.

Pero, más aún, lo hago porque percibo que en nuestro medio no se ha llegado plenamente a comprender que el objetivo fundamental de una Constitución es el de establecer los límites al ejercicio del poder político.

La Constitución, además de disponer la protección y garantía del disfrute de los derechos fundamentales, contiene las reglas del juego político; y es como el semáforo en rojo que indica cuando hay que detenerse.

En la historia nacional ha habido quienes osadamente han modificado nuestra Ley de Leyes, para continuar su marcha desenfrenada, aún con la luz en rojo.

Y eso es lo que no podemos permitir que ocurra nunca.

Un destacado jurista y filósofo italiano del siglo XIX, Gian Domenico Romagnosi, llegó a sentenciar que ¨La Constitución es la ley suprema que un pueblo impone a sus gobernantes con el objeto de precaverse contra el despotismo.¨

Parafraseando a Winston Churchill, el símbolo de la resistencia contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, la Constitución ¨no es un sofá que toma la forma de la última persona que se sentó en él.¨

En definitiva, la Constitución tiene una función de legitimación del poder político, tanto en su origen como en su desempeño. Para ella, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce en los términos establecidos por la propia Constitución y las leyes.

Todo lo que se haga contrario a la Constitución es nulo. La Constitución es la fuente del Estado Democrático y Social de Derecho. Es la garantía del respeto a la dignidad de las personas; del derecho a la vida; a la libertad de expresión; a la integridad personal; a la libertad de conciencia y cultos; del derecho al honor, a la educación, a la salud y al trabajo.

Hace exactamente 50 años el pueblo dominicano se levantó en armas, en la gloriosa gesta heroica del 24 de abril de 1965, exigiendo el restablecimiento de la Constitución de la República, que había sido vilmente conculcada, infringida y quebrantada, por los autores de la asonada militar de septiembre de 1963, que puso fin, de manera abrupta, al primer ensayo democrático post-dictadura de Trujillo, encabezado por ese gran maestro de la política y la literatura, el profesor Juan Bosch.

Nosotros, los miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicano somos los legatarios universales de ese gran movimiento que fue la Revolución de Abril, pues sin ese acontecimiento, el líder y fundador de nuestro Partido no habría evolucionado en su pensamiento, dejándonos de esa manera huérfanos de una orientación que nos sirviera para convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino.

Sin Constitución no hay patria. Sin Constitución no hay nación; no hay familia. Sin Constitución todos nuestros derechos son desconocidos. Sin Constitución podemos ser esclavizados, tratados sin dignidad, sin respeto, sin honor. Sin Constitución, sencillamente, no existimos.

Por eso debemos conocer, respetar y honrar nuestra Constitución. Sólo ella nos protege contra la arbitrariedad, el despotismo, la tiranía y la opresión.

Dominicanas y Dominicanos:

El pasado 30 de abril fue depositado por ante el Senado de la República, un proyecto de ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de la República en su artículo 124.

Ese proyecto de ley fue presentado por 13 honorables miembros de esa cámara legislativa, conforme al artículo 269 de la Constitución, según el cual nuestra Carta Sustantiva ¨podrá ser reformada si la proposición de reforma se presenta en el Congreso Nacional con el apoyo de la tercera parte de los miembros de una u otra cámara, o si es sometida por el Poder Ejecutivo.¨

El objetivo del proyecto de ley, como acaba de indicarse, es el de reformar el artículo 124 de la Constitución, que dice así:

¨El Poder Ejecutivo se ejerce por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente.¨

El proyecto de ley para reformar la Constitución lo que indica es lo que sigue:

¨Artículo 1.- Se declara la necesidad de modificar el artículo 124 de la Constitución de la República del 26 de enero del año 2010, así como el establecimiento de un artículo tran]-sitorio en el texto de la misma, conforme se indica en el siguiente artículo.

¨Artículo 2.- La presente reforma tiene por objeto:

¨a) permitir que el Presidente de la República disponga del derecho de poder optar por un segundo y único período constitucional consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo.

¨b) establecer un artículo transitorio en que se consigne de que en el caso eventual de que el Presidente de la República actual, correspondiente al período 2012-2016, sea candidato presidencial para el período 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente y para ningún otro.¨

Como ha podido constatarse, el objetivo de la reforma constitucional es el de hacer posible la reelección presidencial para un segundo período consecutivo, y que luego no pueda postularse jamás.

Como he expuesto de manera consistente, estando en el poder o fuera de él, siempre he estado de acuerdo con la reelección presidencial como figura jurídica, porque, en realidad, cuatro años resultan pocos para un gobierno que está realizando una buena labor.

Por eso, en el caso de que así lo contemple la Constitución, al momento de iniciarse el mandato presidencial, como fue mi caso en el 2008, lo ideal es que el pueblo decida en las urnas, y que el representante del Poder Ejecutivo pueda tener la oportunidad de reelegirse para un segundo período consecutivo.

Ese es el modelo norteamericano, que empezó como costumbre cuando luego de haber agotado dos períodos consecutivos de cuatro años, George Washington, el primer presidente, no sólo de los Estados Unidos, sino del mundo, pasó a retiro.

Esa práctica continuó con John Adams, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe y todos los ejecutivos norteamericanos, hasta Franklin Delano Roosevelt, que por el hecho de la Gran Depresión, en la década de los treinta, y la Segunda Guerra Mundial, fue electo cuatro veces para ocupar la Casa Blanca.

Fue después de Roosevelt, en la Enmienda No. 22 de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada el 27 de febrero de 1951, que vino a instituirse, por vía constitucional, de sólo dos períodos presidenciales, y nada más.

Pero ni siquiera en nuestra propia región de América Latina y el Caribe, ese sistema norteamericano tiene carácter de validez universal. En México, por ejemplo, es un solo período de seis años, llamado sexenio. En Colombia, después del presidente Álvaro Uribe, dos períodos de cuatro años. Igual en Argentina. En Brasil, son dos períodos consecutivos, brincar el tercero, y poder volver.

En Chile y Uruguay es igual que aquí: un período sí y otro no. En Venezuela, es indefinido.

En resumen, lo que quiero hacer significar es que no existe un modelo único de agotamiento de períodos presidenciales, aceptado de igual manera por todos. Por tanto, no es válida la idea de que la reelección presidencial, por su propia naturaleza, es mala. No es así. Si hubiese tenido esa creencia, no habría sido candidato a la reelección en el 2008 para un segundo período consecutivo.

El debate, más bien, gira en torno a si es apropiado, si es correcto modificar la Constitución con el único propósito de hacer potable la reelección presidencial.

Por mi trayectoria personal, ya se sabe que no soy partidario de ese tipo de acción. Me inclinaría por el criterio de realizar esa modificación cuando recaiga en un momento que no beneficie al incumbente, esto es, al presidente de turno, para de esa manera no resquebrajar la institucionalidad.

Más aún, considero que en casos de trascendencia tal, como el de una modificación a la Carta Magna, que involucra el interés de la nación, la fórmula más adecuada y eficaz para salir hacia adelante, es mediante el diálogo, la construcción de consensos y la unificación de criterios, tanto dentro del propio Partido, como en toda la sociedad.

Así se hizo con la reforma constitucional del 2010, en la que las distintas organizaciones cívicas del país fueron invitadas a participar de una consulta popular, en la cual expresaron sus propuestas sobre cómo debía quedar organizado el Estado dominicano del siglo XXI.

En adición al mecanismo de las consultas populares, se creó una comisión de 15 juristas expertos en Derecho Constitucional, que contribuyeron con el diseño técnico jurídico final de las propuestas.

De esa manera, en comunicación constante con todas las fuerzas vivas de la nación, en forma abierta y democrática, se realizó la más profunda y progresista reforma constitucional en nuestro país, después de la histórica y emblemática del 1963.

En síntesis, aunque desde mi perspectiva no es lo más idóneo ni es lo más apropiado, tampoco es que una Constitución no pueda modificarse para hacer posible un segundo mandato presidencial consecutivo.

Desde el punto de vista jurídico, se puede. Lo que ocurre es que tiene que hacerse respetando el procedimiento consagrado en la propia Constitución.

En ese aspecto, me preocupa que en el debate que ha surgido para modificar nuestra Carta Sustantiva, se quiera desconocer que la ley que convoca a la Asamblea Nacional Revisora sea una ley orgánica, la cual, por consiguiente, requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los presentes, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

Se comprende que si para someter dicho proyecto de ley, se requiere que no sea un solo Senador o un solo Diputado, sino una tercera parte de los miembros del Senado, o una tercera parte de los miembros de la Cámara de Diputados, es porque se trata de algo no ordinario, sino especial.

Luego, si conforme al artículo 271 de nuestra actual Constitución, para aprobar la reforma propuesta, la Asamblea Nacional Revisora, que es la reunión de ambas cámaras, Senado y Cámara de Diputados, requiere las dos terceras partes de los votos, ¿ por qué razón, entonces, se le quiere negar la condición de orgánica a la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución?

Eso, que parece un debate, más para abogados que para el resto de la ciudadanía, tiene, sin embargo, una trascendencia enorme para el futuro de nuestra democracia.

Porque lo que estamos discutiendo es si nuestra Constitución debe ser rígida o flexible. Si es rígida es difícil de modificar, que es lo que se desea para cualquier Constitución en el mundo. Si es flexible, entonces se hace susceptible de ser modificada por cualquier capricho, quebrantándose, de esa manera, el Estado de Derecho.

Pero, además, me preocupa que se tejan ardides y se elaboren argucias para eludir el hecho de que una reforma como la que se está planteando requiera de algún mecanismo de legitimación popular, como sería el caso, por ejemplo, de un referendo aprobatorio.

Para aspirar a reformar la actual Constitución de la República y hacer posible la reelección presidencial, se parte de la premisa del enorme respaldo que recibe el Presidente de la República, en las distintas mediciones o encuestas que se realizan.

Sobre esa base, se ha levantado la consigna que se lee en letreros, en distintas partes del país, de que el pueblo es el que manda.

Comparto esa opinión. El pueblo es el que manda; y si es así, dejemos que sea el pueblo el que efectivamente se exprese mediante la realización de un referendo aprobatorio, para que diga directamente si quiere o no la reforma constitucional, conforme al artículo 272 de nuestra Constitución.

Ese sería un ejemplo hermosísimo de democracia directa, como nunca antes se ha visto en la historia nacional. De esa manera, nuestro Partido de la Liberación Dominicana estaría a la altura de las grandes expectativas nacionales, se cubriría nuevamente de gloria, y dejaría escrito un nuevo capítulo ejemplarizador en las luchas de nuestro pueblo por la democracia y la libertad.

Yo mismo me sumaría con entusiasmo a esa gran jornada cívica. Recorrería el país nuevamente, junto a todo el que se sienta identificado conmigo, en favor de que el pueblo manifieste su voluntad en favor del cambio a la Constitución.

Se que lo que late en el corazón de todos los miembros de la alta dirección de nuestro Partido es que en estos momentos, por lo que refieren las encuestas, el compañero presidente Danilo Medina es quien se encuentra en mayores posibilidades de garantizar un nuevo triunfo morado en las urnas.

Si la Constitución permitiera la reelección presidencial, como ocurría en el 2008, todo sería muy fácil. Esta discusión no se habría suscitado. Todos estaríamos apoyando a nuestra mejor opción. Pero resulta que la Constitución no lo permite.

Aún así, no es mi propósito erigir obstáculos en las aspiraciones legítimas de triunfo que todos albergamos; y aunque por convicción y trayectoria, como he sostenido, no soy partidario de modificar la Constitución con el único propósito de hacer posible la reelección presidencial, me inclinaría reverentemente y con humildad ante lo que sería la voluntad del pueblo, expresada en un referendo.

Ya lo decía Abraham Lincoln, ese gigante de la lucha por la libertad, que salvó a su nación de la inminencia de una gran división, en medio de la Guerra de Secesión, para liberar a los esclavos, al afirmar: ¨La democracia es el régimen del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.¨

Nunca temamos al pueblo. Dejemos que el pueblo hable. Así lo manda nuestra Constitución.

En nuestro humilde criterio, el proyecto de reforma que se ha depositado en el Senado de la República, no ofrece, por sí solo, suficientes garantías ni seguridad jurídica en el sentido de que la reforma que se quiere hacer en la actualidad, no volverá a repetirse en el futuro.

No es que se ponga en dudas la palabra o las sanas intenciones de los Senadores que han formulado la propuesta de reforma constitucional. Es que, sencillamente, el artículo transitorio que se aspira a consignar dejaría tan vulnerable la posibilidad de reformar nuestra Constitución en el futuro, como en la actualidad interpretan algunos miembros de nuestra comunidad jurídica que puede hacerse, esto es, sin aprobación de ley orgánica ni realización de referendo aprobatorio.

Eso, naturalmente, sería sumamente peligroso para el porvenir de nuestro pueblo. Sería nefasto. Sería catastrófico, ya que dejaría las posibilidades abiertas para que en la posteridad surja algún aventurero que modifique de nuevo la Constitución, pero esta vez para establecer la reelección indefinida, e intentar perpetuarse en el poder.

Así tendríamos el Trujillo del siglo XXI, que vendría a cercenar nuestras libertades, a mutilar nuestra dignidad y a truncar nuestro porvenir como pueblo.

Eso no lo podemos permitir. La historia condenaría a nuestra generación como irresponsable, irreflexiva e insensata, pues advirtiendo el peligro y la amenaza que significaba para el futuro de nuestra democracia, de nuestra sociedad y de nuestras familias, no tuvimos el valor de alzar nuestra voz y actuar en consecuencia.

Obviamente, lo hacemos con respeto; y lo que afirmo es que el proyecto de ley, actualmente en el Senado, que procura modificar la Constitución de la República es insuficiente, y por lo tanto, inaceptable, por el riesgo y la inseguridad que implica para la supervivencia de nuestras instituciones democráticas.

Aunque para muchos resulta más que claro en la actualidad, para no dar lugar a dudas en los años por venir, para que no haya ningún equívoco o falsa interpretación, debería contemplarse modificar el artículo 270 del texto constitucional, para que en lo sucesivo, en forma directa señale que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora debe ser aprobada, ni siquiera como una ley orgánica, sino como una ley especial, con las tres cuartas partes de la matrícula de ambas cámaras.

De igual manera, debería someterse a modificación el artículo 271, para establecer que en lo sucesivo, si la reforma constitucional versa sobre el mandato de elección constitucional del Presidente de la República, la decisión deberá adoptarse también por la mayoría de las tres cuartas partes de los miembros de la Asamblea Revisora

Debería también someterse al Congreso Nacional, para que rija en lo adelante, la ley que dispone la Consulta Popular, para que pueda modificarse la Constitución conforme al artículo 210 de la misma.

Finalmente, en lo atinente a la celebración del referendo aprobatorio, previsto en el artículo 272, la propuesta es que el número de electores se eleve del 30 al 60 por ciento de los inscritos en el registro electoral, para de esa manera hacerlo más participativo y democrático.

La idea es, vuelvo a repetirlo, que la Constitución sea rígida. Que no pueda ser cambiada o modificada tan fácilmente. Que no dé lugar a interpretaciones aviesas o acomodaticias. Que la Constitución sea, de manera permanente, el pacto suscrito por los diversos sectores que componen la sociedad dominicana, para que prevalezca siempre la paz, el progreso y la convivencia civilizada.

Como puede apreciarse, lo que sugiero es simple. No persigo cargo o puesto alguno. Sólo invoco que se respete la Constitución, para que un mal ejemplo de hoy no se convierta en la excusa o la justificación del mañana; y que todo lo construido hasta hoy, con el esfuerzo laborioso de todos los dominicanos y dominicanas, se destruya, por las ambiciones irrefrenables de poder que cada cierto tiempo surgen en el horizonte nacional.

Reconozco que como consecuencia de las discrepancias que se han suscitado en torno al proyecto de reforma constitucional que procura la reelección presidencial, ha surgido mucha intranquilidad y desasosiego en nuestro pueblo, y mucha mortificación y aflicción en la familia peledeísta.

A pesar de nuestras diferencias, hago todo el esfuerzo para que nuestro Partido se mantenga fuerte, cohesionado y unido. Por eso, incentivo una línea de diálogo permanente para superar nuestros escollos.

Todo lo que he sido y soy políticamente se lo debo al profesor Juan Bosch y al Partido de la Liberación Dominicana. Amo profundamente a nuestro partido de la bandera morada y la estrella amarilla. Ahí me he formado. Ahí he luchado junto a mis compañeros y compañeras durante los últimos 42 años, en favor de la democracia, la libertad y la prosperidad de nuestro pueblo.

No escapa a mi conocimiento, por demás, que en estos momentos el Partido de la Liberación Dominicana es la única fuerza verdaderamente organizada que le queda a la democracia dominicana; y que un descalabro nuestro sería una tragedia para la estabilidad democrática de nuestra nación.

Por tanto, puedo asegurar que por la sensatez que nos caracteriza, por nuestro sentido de responsabilidad, por nuestra visión de la historia, por nuestro compromiso con el futuro y por nuestra deuda imperecedera con nuestro maestro y guía, el profesor Juan Bosch, nuestro Partido de la Liberación Dominicana superará este trance; y saldrá más fuerte y vigoroso que antes, más unido y más compacto, coronándose con nuevas victorias en beneficio del pueblo dominicano.

En cuanto a mí respecta, se que desde que culminó mi última gestión de gobierno, en el 2012, he estado en el ojo del huracán de intereses en conflicto y ambiciones desmedidas de poder, que han procurado hacer mi voz irrelevante en el escenario político nacional.

De manera sistemática, como tal vez nunca antes ocurriera con figura pública alguna en la vida del país, se ha intentado degradarme, deshonrarme y hacerme añicos.

No se ha logrado, ni se logrará, pues como dice la palabra, nadie que ha confiado en Dios ha quedado defraudado. Por eso, cada día salgo protegido, al hacer mío el salmo 23, diciéndome:

¨Jehová es mi pastor y nada me faltará…Me guiará por sendas de justicia y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.¨

En todo caso, mi divisa es la de José Martí, el Apóstol de la Independencia de Cuba, en cuyas frases inmortales dijera:

¨Un hombre que oculta lo que piensa, o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a leyes injustas, y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan, no es un hombre honrado.

¨Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana.¨

Muchas Gracias.

Buenas Noches.