Los haitianos son el cuco dominicano. La negritud en oposición a la blancura, el vudú al cristianismo, el creole al español, la pobreza al progreso.

En Haití hay una población empobrecida que habita en un territorio agreste y súper-poblado, y desea irse de su país. El 55% de la población adulta haitiana expresó intención de emigrar en la encuesta del Barómetro de las Américas 2012, el porcentaje más alto registrado en la región. La República Dominicana es el lugar más cercano y accesible porque se pasa a pie.

Por décadas, el gobierno dominicano ha permitido el ingreso de haitianos sin documentación y muchos se han quedado. Procrean hijos que se crían como dominicanos y ahora quedarán sin papeles, obra y gracia del Tribunal Constitucional, que ha decidido considerarlos “en tránsito”, no importa cuánto tiempo hayan vivido en el país, o si tenían o no acta de nacimiento.

Mientras los haitianos vivieron confinados en los bateyes en la Era de Trujillo y los 12 Años de Balaguer, la migración no era de alta preocupación. Los haitianos eran sujetos de explotación laboral y objetos de observación cultural. Ahora no. Se han insertado al trabajo agrícola, a la construcción, al turismo y al comercio informal. Están por doquier.

La caída de la dictadura de Duvalier en 1986, la inestabilidad política en Haití, la pobreza, y el terremoto han contribuido a la avalancha migratoria de los últimos 30 años. En su desorganización y visión explotadora, el gobierno dominicano no ha proveído de documentación adecuada a esos inmigrantes ni a sus descendientes. He aquí el problema.

Hasta el 2005, la entrega de actas de nacimiento se hacía de manera caprichosa, aunque la Constitución dominicana establecía el derecho a la ciudadanía por territorio de nacimiento. A fines de 2005, la Suprema Corte de Justicia falló que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano no eran dominicanos porque estaban en tránsito. Así se justificó el despojo de actas que ha impulsado la Junta Central Electoral en años recientes. En 2010, la nueva Constitución dispuso explícitamente que los hijos de inmigrantes indocumentados no fueran dominicanos. El cuco fue constitucionalizado.

La no certificación de nacimiento con- lleva serias restricciones para realizar transacciones civiles y tener derechos políticos y sociales. Es un castigo injusto e inhumano a muchas personas que nacieron y siempre han vivido en República Dominicana. El resultado será un apartheid constitucional.

A la irresponsabilidad del gobierno central de haber permitido una migración desorganizada e ilegal, se une ahora la atroz sentencia del Tribunal Constitucional de revisar expedientes de nacionalidad hasta principios del siglo 20.

Cuando una Constitución es ajena a la realidad sociales es una mala Constitución, y peor es la situación si los jueces la aplican mal.

La República Dominicana tiene todo el derecho de ejercer su soberanía, pero eso pasa por tener una política migratoria organizada y legal, y una legislación que permita encontrar una salida aceptable para los miles de descendientes de inmigrantes haitianos que nacieron y han vivido toda su vida en este país.

La decisión del Tribunal Constitucional prolonga la agonía y ahonda las heridas, aumenta la pobreza, la discriminación y los resentimientos.

El gobierno dominicano tiene que detener la migración ilegal ya, pero también tiene que legalizar a los hijos de quienes en el pasado emigraron ilegalmente por decisión o irresponsabilidad del propio gobierno.

Las disposiciones constitucionales excluyentes de segmentos poblacionales no conducen a la justicia ni a la paz. Crear una nación dominicana fuerte supone vencer el miedo al otro, ser organizados y responsables.