Mientras el senador José Rafael Vargas y otros miembros de una comisión especial que lo estudia, defendieron ayer el proyecto de ley que regula la gestión y acceso de particulares a los ríos, lagos, lagunas y costas, representantes empresariales advirtieron que, como está concebida, esa normativa perjudicaría el turismo.

Vargas dijo que la oposición surge porque el sector no conoce a profundidad el proyecto.

En el debate sobre la iniciativa participaron representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores), Asociación de Bancos Comerciales y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi).

Vargas dijo que el proyecto, sometido por él y el senador Félix Nova, responde al artículo 15 de la Constitución, según el cual los citados recursos son de libre acceso al público.

Ante las discrepancias, la comisión especial decidió celebrar un taller para explicar a los sectores interesados el proyecto, artículo por artículo.

Acordó además solicitar al pleno senatorial la extensión del plazo para continuar el estudio de la normativa, debido a las oposiciones presentadas por asociaciones empresariales ligadas al sector turístico.

Inseguridad. Los representantes empresariales, entre ellos Rafael Paz, del Conep, advirtieron que el acceso libre a las áreas de playas de los hoteles sería altamente perjudicial para la industria del turismo, debido al alto índice de la inseguridad ciudadana.

Según el citado artículo 15 de la Carta Magna, los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada.

Dispone que la ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas.

Objeto. La iniciativa tiene por objeto establecer el marco regulatorio para la gestión y el acceso de los particulares a los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales.

Además, considera el derecho constitucional a su libre acceso y la obligación de los propietarios privados de inmuebles aledaños a los referidos lugares, de soportar las servidumbres que por esta ley se establecen, a fin de garantizar el acceso.

Dispone también como regla genera, la obligación del Estado de beneficiar a la colectividad a través de las servidumbres, afectando en la menor proporción posible los intereses de los particulares.

Asimismo, en su artículo dos establece que esta ley sería de orden público y regirá para el territorio de la República Dominicana, sus islas adyacentes y territorios marítimos.

Igualmente, determina los organismos competentes para su aplicación y es de carácter vinculante para las instituciones públicas, entes y servicios del Estado y los particulares. En la reunión participaron los senadores Carlos Castillo, quien preside la comisión; Rubén Darío Cruz, Antonio de Jesús Cruz Torres, Amarilis Santana y Vargas.