Las autoridades están en el deber de llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones acerca de voluminosos contrabandos de bebidas alcohólicas, inversores y otras mercancías.

La primera razón para proceder con toda la drasticidad que permite la ley es que el contrabando es un atentado contra la economía del país, sus finanzas públicas, pues las sumas dejadas de pagar le restan al Estado recursos para atender necesidades nacionales.

Además, estas evasiones dan lugar a una competencia comercial que perjudica a aquellos sectores respetuosos de la ley, que cumplen con el deber de liquidar como la ley manda cuanta mercancía traen al país. Hay que evitar a toda costa que los violadores de la ley, además, hundan a quienes la cumplen y se alcen con enormes ganancias ilícitas.

Los sectores sensatos deben estimular la aplicación de una política que tenga por meta principal la detección y eliminación de todo tipo de evasión fiscal, incluyendo, por supuesto, el contrabando.

Es necesario que sean desarticulados todos los tinglados destinados a evadir obligaciones fiscales, pero también es preciso que sean puestas bajo jurisdicción penal quienes actúan como cómplices en el contrabando y otras evasiones.

II

No es posible introducir bebidas, inversores o lo que sea sin complicidades que lo faciliten. Las mercancías detectadas en estos días, introducidas de contrabando, fueron localizadas en destino, lo que implica que hay ramificaciones que facilitaron las operaciones de una manera determinante.

Incluso hay que tomar en cuenta que en ocasiones el Estado se decide por crear nuevos impuestos o incrementar algunos de los vigentes, en vez de tratar de lograr más precisión en las recaudaciones, reduciendo las posibilidades de evasión y combatiendo el contrabando de manera más resuelta y contundente.

La ocasión es propicia para solicitar que sea afinada la vigilancia en la frontera, para disminuir al mínimo las posibilidades de introducción ilegal de mercancías procedentes de Haití, incluyendo sustancias controladas y armas.

Lo menos que se puede pedir es que sean llevados a la justicia y castigados severamente los propietarios de contrabandos y quienes les han servido de cómplices facilitando el ingreso indebido de mercancías.

La necesidad de resguardar las finanzas públicas y la moralidad en la competencia comercial aconsejan que se actúe en estos casos con toda la fuerza que otorga la ley.

Criminalidad

El auge de la criminalidad y la falta de respuesta de las autoridades ha obligado a muchas personas y sectores a proveerse medios propios de protección.

El más reciente caso es el de la Cámara de Comercio de Santo Domingo Norte, que ha anunciado la creación de lo que denomina Unidad de Autodefensa Legítima para enfrentar a los delincuentes por sus propios medios.

Es indeseable que los ciudadanos y sus organizaciones tengan que tomarse la justicia por sus manos, pero existe el derecho a asumir la defensa propia cuando las instituciones no dan muestra de poder ofrecer niveles de garantías aceptables.

Aspiramos a que el Estado se ponga en condiciones de convertir en innecesarios estos instrumentos de autoprotección ciudadana.