Hoy 
El Día Internacional del Trabajo encuentra esta vez al trabajador dominicano en la continuación de su vieja lucha por lograr un nivel salarial que atenúe la brecha entre su débil poder adquisitivo y el inflado costo de la canasta familiar básica. Las circunstancias actuales muestran a los asalariados en posición de desventaja frente a un sector empleador que, aún reconociendo en teoría que es necesario elevar los salarios, en la práctica se vale de argumentos insostenibles para tratar de justificar su resistencia a una mejora salarial.
En la actualidad, es evidente que los trabajadores tienen la desventaja de que su representación, a través de los sindicatos, ha perdido los bríos y la fortaleza que en otros tiempos les permitían negociar con más posibilidades de éxito. Y aunque la legislación laboral contiene cláusulas en favor de la libertad sindical y existen políticas públicas que apuntalan esa prerrogativa, en la realidad de los hechos es cada vez más difícil sindicalizarse.
Con una tendencia indetenible hacia la automatización, y la tecnología de punta desplazando la mano de obra, la correlación de fuerzas en el mercado laboral se inclina en perjuicio del trabajador. Para bien o para mal, la “Cuarta Revolución Industrial”, con su enjambre ciberfísico dominando cada vez más ámbitos, está ante nuestras narices desplazando manos humanas.
Ojo con esas importaciones
La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha expresado alarma por la gran cantidad de productos extranjeros no registrados que están entrando al país de manera ilegal, evadiendo impuestos y compitiendo de manera desleal con importaciones debidamente autorizadas y con bienes elaborados por la industria local. Este es el caso de la leche en polvo al granel, frutas secas, galletas dietéticas, alimentos para niños, pastas alimenticias, pasta de tomate, embutidos, alimentos enlatados y otros, que abundan en el comercio y están al alcance del público.
Las autoridades de Salud Pública, Medio Ambiente, Aduanas y de Impuestos Internos deberían afinar el cedazo para bloquear el ingreso de productos no registrados, por los perjuicios de competencia comercial, sanitarios y fiscales que están provocando.
