Hoy 
Sigue generando descontento y repudio entre la población los fallos de no ha lugar emitidos el pasado viernes por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, a favor del senador peledeísta, Félix Bautista, acusado por el Ministerio Público de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de activos; y del alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez Grullón, imputado por desfalco millonario en el cabildo de esa provincia.
Desde entonces, se han escenificado protestas y movilizaciones en rechazo a las decisiones judiciales, situación que ha mantenido caldeados los ánimos, principalmente en la ciudad nordestana.
Este lunes, el Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto San Francisco de Macorís, encabezó una movilización en contra de la corrupción y la impunidad que afecta el sistema judicial del país. Con esta manifestación en la que estudiantes utilizaron pancartas, se unieron a las protestas de otras organizaciones de la sociedad civil, legisladores y políticos en contra de las sentencias que favorecieron a Bautista y Rodríguez Grullón.
Disturbios callejeros se escenificaron la mañana de hoy, los que obligaron la intervención de agentes policiales que se presentaron al escenario de las movilizaciones realizando disparos y lanzando bombas de gas lacrimógenas, acción que fue respondida con una lluvia de piedras por parte de los estudiantes.
Un viernes de dolores y un fin de semana agitado. Entierro de la justicia. “Parecería coincidencial, pero ciertamente este es un viernes de dolores en nuestro país por la estocada mortal al precario estado de derecho dominicano”. Con estas palabras se expresaron miembros de diferentes organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas, entre ellas Impunidad Cero, Camina RD y Alianza País, que se movilizaron en las afueras de la Suprema Corte de Justicia para expresar su rechazo contra la sentencia del juez Alejandro Moscoso Segarra a favor del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Félix Bautista, y sepultar el sistema de justicia en República Dominicana.
Con cartelones frente a un ataúd y consignas, expresaron su descontento con el fallo, aunque algunos de los presentes afirmaron que el resultado se conocía, pero tenían “esperanzas”. “Soplan vientos de corrupción; corrupción, impunidado; quien apoya a corruptos es tan corrupto como ellos; corruptos más ricos, ciudadanos más pobres”, era el contenido de algunos de los carteles mostrados en lo que también denominaron el “entierro de la justicia morada”.
Para Mario Bergés, del movimiento “Impunidad Cero”, la justicia dominicana recibió una estocada y la decisión constituye “un afianzamiento del robo público y la impunidad de la que disfrutan los depredadores de los dineros del pueblo”.
Al acto de protesta también llegó el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno quien entendió que el Ministerio Público no debe perder tiempo en apelar la decisión porque el resultado será el mismo. El entierro de la justicia continuó el pasado sábado en las inmediaciones del Parque Independencia en la capital.
Mientras tanto, el procurador Francisco Domínguez, aseguró este domingo que apelará la decisión de Moscoso Segarra, quien rechazó abrir un juicio penal contra un senador acusado de uno de los mayores casos de corrupción del país.
Domínguez dijo a periodistas que presentará la apelación esta semana a fin de juzgar al senador Félix Bautista y otras seis personas. Recordó que cuenta con cinco días para presentar los documentos.
Según la Procuraduría, Bautista presuntamente cometió diversos ilícitos valorados en unos 40.000 millones de pesos (más de 900 millones de dólares) cuando era miembro del gabinete de gobierno en las tres administraciones de Fernández.
Lo propio hará el Ministerio Público en el caso del alcalde Félix Rodríguez Grullón, favorecido con un “no ha lugar” por el juez Víctor Mejía Lebrón, bajo el alegato de que faltaban pruebas contundentes que demostraran la culpabilidad de los acusados en el desfalco de 400 millones de pesos.
