RÍO DE JANEIRO, – Corte del gasto público, revisión de programas sociales y del sistema de pensiones son algunas de las medidas que el vicepresidente brasileño Michel Temer podría aplicar si llega a reemplazar a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, amenazada por un proceso de destitución.

«Nuestra propuesta es crear las condiciones para el crecimiento sostenible», mediante «reformas estructurales» que podrían exigir cambios en la Constitución, afirma ese programa, detallado en el documento «Un puente hacia el futuro» que fue presentado por el propio Temer en octubre en nombre de su partido, el centrista PMDB.
El objetivo es lograr que la principal economía latinoamericana, sumida en la recesión consiga crecer a una tasa promedio de 3,5% a 4% y que la inflación de dos dígitos sea acorde con «la meta de 4,5%», apunta el PMDB.
Menos gasto
El plan critica la «excesiva rigidez» de la ley de presupuesto, en la que «los gastos públicos representan 40% de la renta nacional» y propone crear «un límite para los gastos inferior al crecimiento del PIB», con una gestión «más transparente, responsable y eficiente».

Revisión de programas sociales
El gobierno de Rousseff «cometió excesos» en la creación o ampliación de programas sociales, afirma el documento. El PMDB propone en consecuencia crear un comité independiente que evalúe cada año los programas del Estado y sugiera su «continuación o fin». «(Hay que) establecer una agenda de transparencia y evaluación de las políticas públicas, que permita identificar a los beneficiarios y analizar el impacto de los programas. Brasil gasta mucho con políticas públicas con resultados peores que la mayoría de los países», destaca.

Jubilaciones más duras
Brasil es uno de los pocos países que no tiene una edad mínima para solicitar jubilación. El mecanismo vigente, modificado en noviembre pasado, está basado en una suma entre la edad del trabajador y los años de contribución al fisco. Temer propone «una edad mínima que no sea inferior a 65 años para los hombres y 60 para las mujeres», que podría aumentar, y descarta de plano indexar las jubilaciones al salario mínimo, como se ha propuesto en los últimos años.

Gestión de deuda e impuestos
La «tendencia de endeudamiento del Estado se convirtió en el mayor obstáculo para retomar el crecimiento», por lo cual «la reforma fiscal permitirá controlar la trayectoria explosiva de la deuda pública y contribuirá a la reducción de la inflación y las tasas de interés». Asimismo, se promoverá un «vasto esfuerzo para la simplificación» de la carga tributaria, «reduciendo el número de impuestos».

Sector privado
El nuevo gobierno promovería una «política de desarrollo centrada en la iniciativa privada», a través de la transferencia de activos o de «concesiones amplias» en áreas de logística e infraestructura. Igualmente, se propone reforzar el régimen de concesiones de petróleo a privados, aunque manteniendo la prioridad a la estatal Petrobras. Se propone además una mayor apertura comercial, a través de la firma de convenios regionales en «áreas económicas relevantes» como Estados Unidos, Europa y Asia.R