Amarilis Castro 
Las 15 cooperativas que forman la membresía de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC) tenían activos totales consolidados al mes de julio del 2017 por RD$48.9 mil millones, y una cartera consolidada de RD$35.7 mil millones, sirviendo a más de 700,000 asociados. Sus directivos favorecen que ese sector sea regulado por la Junta Monetaria para seguir fortaleciéndose con transparencia y protección.
Al participar en el encuentro Hablan los Negocios, que coordina la sección Economía del periódico HOY, los directivos del AIRAC Alfredo Dorrejo, presidente del Consejo Directivo; José Joaquín Suriel, tesorero; Joaquín Hernández, miembro del Consejo Directivo, y Virginio Rafael Gerardo, director ejecutivo, plantearon que la regulación del sector cooperativo debe tomar en cuenta su estructura organizacional y de propiedad, tipos de operaciones, tamaño y riesgo sistémico, además de gradualidad en su implementación para la integración y cumplimiento de la nueva estructura de normas prudenciales.
Recordaron que desde hace un tiempo se ha venido discutiendo la necesidad de llevar a cabo una reforma del marco legal y regulatorio que rigen las cooperativas de ahorro y crédito en el país, ya que el marco actual data del año 1964 y no se adapta a las necesidades actuales.
En ese sentido, destacaron que las cooperativas miembros de AIRAC, en virtud de su activa participación en el sistema monetario y financiero nacional, y en consonancia con la Constitución de la República Dominicana, concuerdan en que esas entidades deben ser debidamente reguladas, lo que entienden garantizará una mayor transparencia y protección que proveería la integración a la estructura de regulación de la Junta Monetaria.
Expresaron que a pesar de que ese importante cambio tendría crecientes costos operativos para esas instituciones, el marco legal y regulatorio actual representa una importante desventaja competitiva, que limita su crecimiento y desarrollo futuro.
Argumentaron que las cooperativas de ahorro y crédito, como toda intermediaria financiera, requieren de la protección que ofrece la función de prestamista de última instancia que solo puede ofrecer el Banco Central, y de la protección adicional para los depósitos que ofrece el Fondo de Contingencia (seguro de depósito).
Agregaron que el acceso a estas dos facilidades es fundamental para extender esta protección prudencial del Estado para los socios de las cooperativas.
Asimismo, señalaron que el mercado financiero dominicano y a nivel mundial está experimentando un desplazamiento lento pero irreversible de las transacciones financieras en efectivo y cheque, hacia los canales electrónicos de pago (tarjetas de crédito, débito y transferencias interinstitucionales).
En tal sentido, añadieron que la falta de una estructura legal y regulatoria idónea no permite que las cooperativas de ahorro y crédito puedan acceder en forma directa al Sistema de Medios de Pago del Banco Central.
