La firma jurídica internacional Aparicio, Arp & Asociados, de Washington, contratada por el sector del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que encabeza el ingeniero Hipólito Mejía y Luis Abinader denunció hoy en Estados Unidos que el sistema de Justicia de la República Dominicana está totalmente subordinado a los intereses de un sector político controlado por el ex presidente Leonel Fernández y en abierta connivencia con Miguel Vargas Maldonado, a quien califican como líder del sector minoritario del partido blanco.

Los juristas aseguraron que la decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la doctora Geanilda Vázquez confirma que ese órgano actúa por encargo de un poder extrajudicial.

“La independencia del poder judicial es uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, y el presupuesto básico para que puedan aplicarse las garantías consignadas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En República Dominicana hoy día, la mayor amenaza a la institucionalidad democrática es la influencia del PLD sobre los altos tribunales del país, a los que ha convertido en un instrumento de sus estrategias politico-electorales”, expresa un comunicado de prensa emitido en la capital norteamericana por los abogados Jaime Aparicio y Bjorn Arp, de la firma Aparicio, Arp &Asociados, de Washington.

Critican expulsión. Al definir como nefasta la actuación de la Justicia Dominicana en la expulsión ilegal de prominentes dirigentes del PRD, los juristas afirman que “en todas las reclamaciones presentadas por la corriente del PRD controlada por Vargas los tribunales fallan a su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por los miembros del PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido, el Tribunal falla en su contra”.

Agregan que “cuando las víctimas presentaron un recurso de revisión constitucional, este recurso ha seguido sin fallo alguno en el Tribunal Constitucional por más de un año, a pesar de la norma que fija el plazo para una decisión de admisibilidad por un mes”.

Sin embargo, apuntan los abogados, “cuando se trata de una demanda de suspensión de ejecutoriedad presentada por la fracción de Vargas, en pocas semanas el TC resuelve contra una sentencia de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que ordenó reponer a Geanilda Vásquez como Secretaria General del PRD”.

Aseguran que el caso de la doctora Vásquez muestra el grado de subordinación de éste órgano judicial a las estrategias políticas de Leonel Fernández para destruir al PRD.

Confabulación antidemocrática. Según los representantes de la firma jurídica internacional, “los hechos demuestran que en Republica Dominicana se viene desarrollando un paulatino y sistemático proceso de acumulación de poder, a través de un sistema judicial, electoral y de control constitucional hecho a medida del partido de gobierno, cuyo fin es la perpetuación en el poder, mediante la inhabilitación de los candidatos de la oposición.