Francia ha aprovechado claramente la debilidad corrupta imperante dentro de un entramado decisivo de la Justicia Dominicana para facilitar la fuga de Pascal Fauret y Bruno Odos, dos de cuatro pilotos franceses capturados in fraganti, hace dos años, junto a otras personas, transportando en su aeronave 700 kilos de cocaína decomisados por las autoridades antidrogas en el aeropuerto Punta Cana, de Higüey.

En principio, la Justicia actuó conforme a los cánones. Los apresó, junto a otros 14 implicados; los fiscales conformaron el voluminoso expediente con las pruebas condignas; para evitar las fugas el caso fue sacado de la jurisdicción higüeyana y trasladado a la capital por razones de seguridad, donde los pilotos fueron condenados a 20 años de cárcel, como manda el Código Penal.

Todo marchaba bien, pues la justicia resistía las evidentes presiones de la embajada francesa y del poder político francés, hasta que a la jueza Elka Reyes Olivo, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, entonces en la fase preliminar de juicio, se le ocurrió ponerlos en libertad, junto a otros imputados, bajo el eufemístico argumento de que la prisión preventiva finaliza luego de dos meses y que la misma es para garantizar la presencia de las partes. Luego, ella fue trasladada.

Sin vigilancia, desprovistos de grilletes electrónicos, los pilotos se alojaron como turistas en un hotel con el camino expedito para la fuga planeada por Francia, como acaba de admitir y narrar a la prensa francesa la operación el eurodiputado Aymeric Chauprade, del Partido Frente Nacional, autoproclamado cabecilla del atentado contra las leyes dominicanas, junto a Christophe Naudin, experto en seguridad aérea que acompañó a los condenados hasta París.

Engreída, Francia dice que no extradita sus ciudadanos a pesar del tratado bilateral vigente.. ¡Qué burla!