El escándalo que envuelve a Odebrecht, la multinacional brasileña de la construcción, por el pago de sobornos millonarios a funcionarios de distintos países para obtener contratos o ganar licitaciones pica y se extiende, como se dice en el argot beisbolero criollo, dejando chiquiticos casos que nos parecían tan alarmantes como la compra de los Tucano, el lío de la OISOE, la remodelación del Darío Contreras o la venta a un particular del barrio Los Tres Brazos; y hasta las diabluras y sobrevaluaciones que el imaginario popular le atribuye el senador Félix Bautista, ungido como santo barón por la venalidad de la justicia dominicana. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que acaba de multar a Odebrecht con US$2,600 millones por incurrir en prácticas corruptas para obtener contratos en distintos países de Latinoamérica y el Caribe, la multinacional brasileña pagó a funcionarios dominicanos e intermediarios US$92 millones entre los años 2001 y 2014 con el objetivo de conseguir contratos de construcción de obras, entre las que figuran el acueducto de Samaná, las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y, mas recientemente, las plantas a carbón de Punta Catalina y la carretera Piedra Blanca-Cruce de Ocoa. El Procurador General, Jean Alain Rodríguez, informó ayer que sus investigadores trabajan en el análisis del acta de acusación presentada por la fiscalía de Nueva York contra Odebrecht, a fin de establecer la identidad de los funcionarios dominicanos que supuestamente se beneficiaron de esos sobornos. Pero esa es tan solo una declaración de intenciones para estar a la altura de su papel, pues resulta evidente que la tarea lo sobrepasa. Y lo es porque nuestro Ministerio Público carece de la independencia, y por lo tanto de la fortaleza necesaria, para acometer una investigación que involucra a funcionarios de tres gobiernos distintos, los dos últimos del mismo partido al que pertenece quien lo nombró en el cargo.