Hoy 
Son tres poblaciones diferentes, que la ultraderecha nacionalista, una parte del gobierno y del Partido Oficial han querido confundir.
Primero, están los dominicanos de origen haitiano: nacidos, criados, socializados y portadores de documentos durante 81 años. De manera ilegal y violatorio a sus derechos, la Junta Central Electoral (JCE) empezó a quitarles sus documentos el 29 de marzo del 2007, sobre la base del apellido, su condición social y racial.
A esas personas la Sentencia 168/13 les quitó la nacionalidad en forma retroactiva. Constituyendo el mayor proceso de desnacionalización de una población desde la acción contra los judíos alemanes por los nazis. Para este grupo es una parte de la Ley 169-14. En efecto, como la sentencia del Tribunal Constitucional de 2013 interpretó que se había otorgado la nacionalidad “a personas que no la merecían” se promulga dicha Ley, la cual argumenta que se había cometido un error sistemático en todo el país, por todos los oficiales civiles y durante 81 años, y como el Estado no puede valerse de su error para perjudicar a un tercero, entonces hay que devolverles sus documentos inmediatamente. La realidad es que la JCE está boicoteando la aplicación de esa Ley.
Segundo, están las personas que no tienen ningún documento pero que nacieron en territorio dominicano. Para estos es la otra parte de la Ley 169-14. Según ENDESA en 2013, el 4.2% de los dominicanos (400 mil personas) no tenían actas de nacimiento. Esto es pobreza, ya que el 79% de los que no tienen documentos están ubicados en el 40% más pobre de la población. La práctica ha sido que si se es negro, pobre, con un apellido “afrancesado” y por algún lado se tiene un pariente haitiano aunque sea el abuelo o el bisabuelo, lo registran en el libro de extranjería y se la “ponen en china”. Esto se presta a abusos y violaciones derechos.
Tercero, las personas de nacionalidad haitiana que emigran a RD, las cuales deben ser regularizadas según mandaba la Ley de Migración de 2005 y que nunca el Gobierno quiso implementarla hasta ahora.
Hay consenso en la necesidad de regularizar esa migración respetando sus derechos y hay que exigirle al Gobierno Haitiano que le entregue documentos a su población. Sin embargo, poco se regula o controla.
El primer grupo es la mayor fuente violación de derechos y de acusación a RD. Para los otros dos grupos hay experiencia internacional para resolverlos.
