Dónde están, cuántos son, qué les pasa, qué hacen y cuál es el presente y el futuro de los niños y adolescentes huérfanos de los feminicidios. Esas son algunas de las interrogantes que se formulan los que reclaman acciones urgentes a favor de esas víctimas invisibles del Estado y de la sociedad dominicana.

A la fecha nadie ha dado las respuestas pues no se cuenta con datos para el diseño de estrategias y la implementación de programas a favor de la recuperación, protección y atención de los menores huérfanos por los feminicidios.

Tomás Romero en su tesis “Las Consecuencias Sociales de los Feminicidios en Niños, Niñas y Adolescentes, Hijos e Hijas de las Víctimas” concluye que en su estudio no encontró estadísticas ni un control que establezcan la cantidad y ubicación de los menores que quedaron en la orfandad producto de la violencia intrafamiliar.

En su trabajo de campo, el investigador buscó todas esas informaciones, que nunca encontró, en la Procuraduría General de la República, en el Ministerio de la Mujer y en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La coordinadora académica del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Desirée del Rosario, en correspondencia a la pregunta de qué pasa con los huérfanos de las mujeres asesinadas, dice que ese es uno de los nudos con relación al abordaje integral de la violencia contra las mujeres y los niños, porque tal y como se ha visto en los últimos estudios, en muchos de los casos los padres también se suicidan.

Se estima que en promedio hay 2.5 niños y adolescentes huérfanos por cada feminicidio, unos 300 al año, de acuerdo al estudio “Factores psicosociales en hombres internos por feminicidios en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, realizado en el 2012 por la Procuraduría General de la República.

Un total de 86 mujeres murieron a manos de sus parejas o exparejas en el 2013, según cifras reveladas por la Procuraduría que, sin embargo, aseguran una disminución de 17 víctimas en relación con el 2012.

Con los feminicidios-suicidios queda el gran drama, la fuerte tragedia, el futuro incierto y la total desprotección de los pequeños porque, a juicio del siquiatra Rafael García, director médico del Instituto de Sexualidad Humana, toda experiencia dolorosa en la infancia repercutirá para toda la vida.

Explica que cualquier hecho o evento catastrófico en la vida del niño, bien sea el quedar en la orfandad, el abuso sexual u otro tipo de violencia, es exponerlo a un duelo que va a necesitar intervención profesional para que el impacto no deforme ni recicle esa conducta vivida.

“Hay que evitar que ese niño sea un criminal prestando la debida atención porque esas conductas se reciclan. Las personas son lo que vivieron. Cuando se tiene una vivencia muy dolorosa se tiene una tendencia inconscientemente a hacer lo mismo”, subraya.

Proyecto no arranca. Según informó el terapeuta familiar Luis Vergés, director del Centro de Intervención Conductual para Hombres, la Fiscalía del Distrito Nacional tiene un proyecto estructurado que se pondría en funcionamiento próximamente para el apoyo de los huérfanos de los feminicidios. En Santiago se desarrolla un programa de asistencia a los menores víctimas de ese tipo de violencia, de acuerdo a lo que explicó la fiscal de ese distrito judicial, Luisa Liranzo.

Empero, la magistrada considera que la visión de la justicia debe ser integral “y eso incluye poder encaminar de manera adecuada a quienes son víctimas directas, en este caso los niños, y poderles asistir desde una visión integral con el acompañamiento, el reforzamiento, el empoderamiento y las atenciones debidas durante todo el proceso”.

A su juicio, cada órgano debe hacer el levantamiento de los huérfanos acorde con la instancia que maneja.

Violación de sus derechos. El Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley 14-94, modificado por la Ley 136-03, manda a proteger y a garantizar los derechos fundamentales de los menores de edad.

Para Del Rosario, el Ministerio Público ni Conani asumen el rol de proteger a los niños huérfanos de los feminicidios como tampoco el sistema educativo está preparado para responder ante el caso de un niño que haya atravesado por un trauma en su vida.

“Se trata de niños a los que el Estado ha dejado en abandono, que les ha negado los derechos de vivir, crecer y rehacer su vida frente a una tragedia como la de perder a su madre. Por ejemplo, no se ha establecido cuántos de los niños que viven en las calles son el resultado de uno de esos hogares rotos por la violencia”, cuestiona y lamenta Del Rosario.

Las secuelas. El no asistir a esa población vulnerable deja sus consecuencias. En su tesis, Romero concluye que el feminicidio, al producir el rompimiento, trae crisis a la familia, se presenta una situación de peligro o abandono, tanto físico como moral, por la falta de autoridad de la madre y el padre; se producen carencias afectivas, económicas y educativas, ya que sus condiciones de vida y necesidades no están cubiertas, así como se desarrolla un alto riesgo de vulnerabilidad en los menores.

El terapeuta familiar Luis Vergés también observa que en la vida de esos niños huérfanos queda mucha incertidumbre, se forman con un sentido de inseguridad, con pobre autoestima, angustia, ansiedad, depresión, impotencia e indefensión, problemas que pueden influir en el aprendizaje y la socialización. Tienen tendencia al aislamiento y a la soledad.

Para el profesional de la conducta se hace urgente atender a esos niños huérfanos de la violencia desde el Estado y la sociedad.

Recomendaciones

Romero recomienda en su tesis que los feminicidios sean reconocidos como un delito penal. En el Código Penal que aprobó la Cámara de Diputados se establece imponer 40 años de prisión para los feminicidas. La pieza pasó al Senado de la República, donde se estudiará y debatirá.

El autor del texto académico también plantea que además del castigo de prisión, el imputado debe reparar los daños a través de la Justicia Restaurativa, la cual tiene una forma diferente frente al delito de reparar los daños entre víctima ofensa y comunidad.

Las fiscalías encargadas de ejecutar la pena de feminicidios deben tener departamentos de Trabajos Sociales para que estos profesionales ayuden en el proceso restaurativo como mediadores en el conflicto y produzcan un bien social colectivo a esta población desprotegida.

Esos departamentos de Trabajo Social deben investigar los hogares en los que vivirán los hijos de la víctima del feminicidio para que esa población resida en familias con el menor riesgo y vulnerabilidad posible, como contempla la Ley 136-03 en su artículo 268. Cree que el Estado debe cumplir con su obligación de garantizar ayuda de recuperación de crisis a esa población, a través de servicios sociales de atención médica, psicoterapéuticos y apoyo legal, con un equipo interdisciplinario de abogados, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.