Las Casas Comunitarias de Justicia han atendido de forma gratuita a 151 mil 337 usuarios en Santo Domingo Oeste, Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís, municipios donde se desarrolla este programa que busca la implementación de los métodos alterno de resolución de conflictos como vía de acceso a justicia de ciudadanos vulnerables.
Así lo informó José Ceballos, director ejecutivo del Programa, quien detalló que en sus ocho años de gestión, las Casas Comunitarias de Justicia han brindado servicios basados en los métodos alternos para la resolución de conflictos a 151,337 personas de las cuales 80 mil 223 fueron mujeres y 71 mil 114 hombres.
Ceballos habló durante la III Cumbre “Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos para el acceso a justicia y la municipalidad”, organizada por Participación Ciudadana, que se celebró en el Auditorio de la Procuraduría General de la República.
Ceballos indicó que es significativo el avance alcanzado en la aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos y abogó por el relanzamiento del plan nacional aplicado durante el año 2006, con miras a la expansión de los mismos por todo el país.
Aseveró que se hace necesaria la creación de una ley que norme este ejercicio ya que el mismo es una herramienta altamente efectiva para la prevención de la violencia y el delito pero sobre todo para la creación de un clima de convivencia pacífica que favorezca el desarrollo y la producción.
Identificó los métodos alternos de resolución de conflictos como un medio que contribuye al descongestionamiento de fiscalía y tribunales pero sobre todo como una vía efectiva para el acceso a justicia de una gran población de ciudadano(as) que por su estado de extrema pobreza no llegan a las instancias judiciales formales.
Explicó que las Casas Comunitarias de Justicia ofertan servicios gratuitos de conciliación y mediación, fiscalía, orientación legal, atención psicológica, asuntos municipales, articulación con las organizaciones sociales, educación ciudadana y atención a las víctimas de violencia de género, entre otros.
La primera experiencia de esta iniciativa se inauguró en octubre del 2006, en el sector de Cienfuegos, Santiago y a la fecha ya funcionan cinco Casas Comunitarias de Justicia y hay dos en gestión de apertura, una en Santiago, en la comunidad de El Puñal, y otra en el municipio de Mao, provincia Valverde”, señaló Ceballos.
De su lado, Javier Cabreja, ex director ejecutivo de Participación Ciudadana, destacó la necesidad de alcanzar la sostenibilidad de este programa y el desafío de lograr mayor soporte económico de las entidades que son copartícipe y de ampliar las entidades donantes.
En este sentido, señaló que en promedio los gastos periódicos de la Casa Comunitaria de Justicia ascienden a 2 millones 826 mil pesos al año y sólo recibe 1 millón 541 mil 580 pesos, por lo que actualmente el programa opera con déficit de 1 millón 284 mil 580 pesos y espera la captación de estos recursos que solo representarían la suma de 107 mil 48 pesos mensuales.
Sobre la cumbre. “La III Cumbre Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos para el acceso a justicia y la municipalidad” estuvo encabezada por Sonia Díaz, Coordinadora General de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, Directora Ejecutiva, Nelson Espinal Báez presidente del programa y José Ceballos, director Ejecutivo de las Casa Comunitaria de Justicia.
También por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doctor Mariano Germán, los senadores Euclides Sánchez, de la Provincia La Vega, Julio César Valentín, de Santiago, y Amílcar Romero, de la Provincia Duarte.
Entre los presentes estuvieron los alcaldes Alexis Pérez, de La Vega, Gilberto Serrulle, de Santiago, de Santo Domingo Oeste, y las Procuradoras Fiscales, Yeni Berenice Reynoso, del Distrito Nacional, Luisa Liranzo, de Santiago, Johanna Reyes, de La Vega, Olga Diná de la Provincia de Santo Domingo y Sonia Espejo, de Valverde.
Además asistieron los magistrados de la Suprema Corte de Justicia Miriam Concepción Germán, Alejandro Moscoso, Esther Angelan, Robert Placencia, José Alberto Cruceta, el Embajador de los Estados Unidos en el país, James W. Brewster, y la delegación técnica de la USAID.
Agradecimiento. Durante la cumbre, Participación Ciudadana agradeció el apoyo recibido por instituciones como la USAID Procuraduría General de la República, las Procuradurías Fiscales de Santo Domingo, La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís, el Poder Judicial, las Alcaldías municipales de Santo Domingo Oeste, La Vega, Santiago y San Francisco de Macorís, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la Defensa Pública y el Instituto Dominicano de Protección, entre otras.