El Ministerio de Salud Pública ya identificó a 1,373 médicos, enfermeras y personal administrativo que cobraban sin rendir una labor, fallecieron o deben justificar su sueldo, informó ayer la ministra Altagracia Guzmán Marcelino.
Asimismo, prohibió los viajes de funcionarios pagados por la institución y las compras que no sean autorizadas por un nuevo organismo creado para esos fines en forma centralizada. “Nadie podrá comprar ni un alfiler, si no está autorizado por la Dirección de Control y Fiscalización que está adscrita al despacho”, dijo. Esta nueva unidad está dirigida por Margarita Melenciano.
No se dio a conocer la situación financiera en la que hace tres meses la funcionaria encontró el ministerio. Para ella lo importante es que pagan. Nuevas plazas. Asimismo, Salud Pública comenzó los trámites para pensionar a 600 médicos, enfermeras y bioanalistas, cuyas plazas serán usadas para nombrar otros profesionales en el primer nivel de atención.