Las leyes son políticas y una vez emitidas adquieren carácter jurídico. Las sentencias son jurídicas, pero expresan un sentir político. Cuando una sentencia no es bien sustentada ni siquiera en lo jurídico, genera legítimas sospechas políticas.

Dejo a los juristas el debate detallado sobre los méritos y desméritos constitucionales de la Sentencia TC 168/13. Pero como ya importantes abogados constitucionalistas han emitido profundas críticas, hay que reflexionar sobre las razones y usos políticos de dicha sentencia. Al hacer mi reflexión encuentro cuatro puntos para resaltar.

Primero: el PLD no tiene oposición política, y en la coalición de partidos que lo apoya está la derecha más rancia y conservadora del país. A casi una década de gobierno ininterrumpido peledeísta, esa facción exige la concreción de las ideas que plasmaron en la Constitución de 2010. Una de ellas es la no nacionalidad a la población de ascendencia haitiana. La Sentencia 168/13 culmina la concreción de este objetivo.

Trujillo y Balaguer trajeron muchos haitianos a trabajar en los cañaverales, y ambos se caracterizaron por conjugar la súper-explotación de la fuerza laboral haitiana con el anti-haitianismo. Lo mismo hacen sus sucesores políticos, y por eso han creado este gran tollo migratorio.

Segundo: mantener segmentos poblacionales pobres, excluidos del derecho a la nacionalidad, y por tanto, del derecho al voto, facilita la estrategia de súper-explotación laboral y predominio político. Quienes no tienen derechos no pueden demandar, y por tanto, son desprotegidos. Y si quieren protestar, serán catalogados de malagradecidos e indignos de vivir en territorio dominicano.

Tercero: por más popularidad que tenga el presidente Danilo Medina, tarde o temprano el gobierno del PLD terminará. Cuando eso suceda, y ahora paso al futuro, la derecha ultra-conservadora dominicana podrá fácilmente reposicionarse en el mercado político-electoral vía otro partido, movilizando la sociedad en torno a los caldeados conflictos que desde ahora se producirán a nivel nacional e internacional por la Sentencia TC 168/13 y su ejecución.

Ya vociferan al estilo trujillista que hay buenos y malos dominicanos, patriotas y anti-patriotas, según se apruebe o rechace la Sentencia; y muchos otros problemas del país se obviarán en medio de estas disputas que ofuscarán la nación.

Cuarto, la República Dominicana tuvo una corriente nacionalista xenófoba en la década de 1930, cuando Trujillo resaltó la dominicanidad masacrando la población haitiana en la frontera, y a los disidentes del régimen en el resto del país. Mirando hacia adelante, cuando el precario sistema democrático se tambalee, la alternativa política con mayores posibilidades de concreción será un gobierno abiertamente de corte nacionalista xenófobo conservador. Embriagado de nacionalismo, muchos dominicanos apoyarán medidas distantes de la dignidad humana.

El nacionalismo xenófobo es actualmente el componente central de los movimientos ultra-conservadores en muchos países: en Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, etc., etc., e igual sucede en República Dominicana.

Que nadie se haga tonto o inocente. El nacionalismo xenófobo es incisivo, discriminatorio, y puede incluso llegar a ser criminal.

El gobierno dominicano debió detener la migración ilegal haitiana hace mucho tiempo y no lo hizo para mantener la ganancia empresarial. Ahora no puede mutilar a miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojándolos de la nacionalidad o negándosela. Hacerlo es una violación a derechos humanos fundamentales que no puede justificarse con nociones erradas de soberanía.

Que el PLD se preste a esta burda acción de despojo y a ser instrumento de la derecha xenófoba dominicana es otra traición a su misión original. Esta traición comenzó en 1996 precisamente con la firma del llamado “Frente Patriótico” que promovió Joaquín Balaguer contra José F. Peña Gómez.