Lima.– La empresa brasileña Odebrecht propuso a la Fiscalía de Perú el acuerdo difundido en enero para demostrar su disposición a colaborar con la justicia “en forma incondicional» sobre los sobornos a exfuncionarios peruanos entre 2004 y 2015, afirmó hoy su representante en el país, Mauricio Cruz.

En declaraciones a la comisión parlamentaria que investiga el escándalo de corrupción Lava Jato en Perú, Cruz declaró que “la empresa buscó al Ministerio Público para demostrar la intención de colaborar con la justicia y a partir de ahí entró en un proceso de colaboración, que está bajo confidencialidad».

Tras asumir la representación de Odebrecht en diciembre pasado, Cruz explicó que la intención del acuerdo fue “confirmar que la empresa va, en forma incondicional, a colaborar con la justicia, entregar información”, pero dijo que no sabe quién fue la persona encargada de firmar ese documento.

El representante agregó que la compañía también se ha puesto a disposición de pagar por este acuerdo y que “la empresa va a respetar el cálculo que haga la Fiscalía y la Procuraduría” sobre el monto definitivo.

Según la información difundida sobre el acuerdo el pasado 5 de enero, Odebrecht ofreció un pago de 30 millones de soles (9 millones de dólares) al Estado peruano como adelanto por las coimas de 29 millones de dólares que reconoció haber pagado en Perú entre el 2004 y 2015. Ante una consulta de la comisión parlamentaria, Cruz dijo que el monto difundido “no es el cálculo final».

En Perú, Odebrecht pagó 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2005 y 2014, años que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende de un acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Después de que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, afirmó la semana pasada que Odebrecht “se tiene que ir” de Perú, la empresa aseguró el viernes último que apoyará las investigaciones que hace la Justicia peruana sobre este caso, “aún si no le permiten continuar su actividad en el país».