Atenas. El Parlamento griego ha comenzado hoy el debate en comisiones de la segunda ley que recoge algunas de las medidas acordadas con los acreedores a cambio del desembolso de 2.000 millones de euros del tercer rescate. Se trata de un compendio de reformas para luchar contra la evasión fiscal, eliminar las exenciones fiscales a los agricultores o modificar las condiciones de devolución de las deudas.

El Gobierno griego ha optado por dejar fuera los puntos más espinosos en los que aún no ha logrado un acuerdo con las instituciones acreedoras como la gestión de los créditos morosos o la aplicación de un IVA del 23 % a la educación privada. En el campo de la lucha contra la evasión fiscal, el proyecto de ley prevé el aumento de 3.500 a 4.020 inspectores fiscales en la Secretaria General de Ingresos, una entidad independiente responsable de la administración de impuestos, que forma parte del Ministerio de Finanzas de Grecia.

Se establece además el traslado de 500 de estos funcionarios procedentes de la agencia de lucha contra la evasión fiscal (SDOE), para evitar la implicación de dos agencias en el mismo asunto. La nueva norma modifica el descuento del que hasta ahora gozan los agricultores para la compra de gasóleo. De los 66 euros por cada mil litros pasarán a pagar 200 y a partir de octubre del año que viene el precio se equiparará al del resto de propietarios (330 euros por cada 1.000 litros). Los pequeños productores de cerveza (menos de 20.000 toneladas anuales) tendrán que pagar una tasa especial que introduce cuatro tarifas distintas en función de su producción anual.

Los que se hayan acogido al pago en cien plazos de sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social -una ley anterior- y tengan que aportar una cantidad superior a los 5.000 euros deberán hacer frente a un interés del 5 % si el valor de su patrimonio inmobiliario en suelo urbano sobrepasa los 150.000 euros. En materia de pensiones, la ley solo incluye una reformulación del modo en que debe ser calculado la pensión de los que se jubilen a partir de septiembre de 2015. La reforma del sistema de pensiones será una ley en sí que, según el Ministerio de Trabajo, se introducirá en noviembre al Parlamento.