Que el oscuro manto de la impunidad no cubra de manera perpetua el dolor que se cuece como resultados de los atropellos y vejaciones cometidos en las dictaduras es el objetivo de decenas de personas alrededor del mundo que se han articulado en «Comisiones de La Verdad».

Se trata de organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre abusos cometidos en franca violación a los derechos humanos y de, como su nombre lo indica, determinar la verdad.

Una gran parte de estas comisiones concluye su trabajo con un informe final que recopila los resultados de la investigación y formula recomendaciones para que se proceda judicialmente contra los señalados como culpables.

Hasta el momento, se han creado estas comisiones, aunque no siempre con el mismo nombre, en países como Chile, Perú, Argentina, Brasil, Guatemala, Paraguay, El Salvador, Marruecos y Sudáfrica, entre otros.

En República Dominicana, hace unos meses el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, MMRD, solicitó al presidente Danilo Medina, la creación de una Comisión de La Verdad para que investigue de manera específica los crímenes cometidos durante la sangrienta dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, desde 1930 hasta 1961.

La petición fue hecha en el marco de la campaña «Operación nunca más», que empezó en noviembre del 2012 y que busca preservar «el respeto a las víctimas y el derecho a la verdad» frente a personas como Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador, quien en esos días había participado en foros públicos y medios de comunicación defendiendo la dictadura.

Luisa De Peña, directora del Museo de la Resistencia Dominicana.

Luisa De Peña, directora del MMRD, fundamentó la necesidad de la creación de la Comisión de La Verdad en la importancia de que el Estado dé una respuesta justa ante el sufrimiento, la impunidad, las frustraciones y expectativas no satisfechas, de las víctimas, de sus familiares y de sus aliados».

Explicó, además, que el objetivo de esta comisión será investigar, registrar y tipificar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Trujillo, usando una metodología objetiva y transparente.

«Solamente así podremos estar seguros de que nunca más en la República Dominicana se repetirá un régimen tan aberrante», dijo mediante nota de prensa enviada en ese entonces a este medio de comunicación.

¿Por qué hacer justicia? Fue la pregunta que hicimos a la comunicadora Patricia Solano, una de las personas que reclama la creación de la Comisión de La Verdad. Con la pasión que le caracteriza, nos explicó que el hecho de que a más de 50 años Trujillo siga despertando interés (libros, discusiones y reportajes) es el principal indicador de que algo ha quedado pendiente: ¡Hacer justicia!

Es difícil calcular el alcance de la impunidad y su estela nociva en la gente. Por no haber restaurado el orden (no el «orden» de Trujillo, sino el verdadero, el que parte del ordenamiento jurídico, que es el único que realmente sirve para el progreso) en varias generaciones se ha enraizado una cultura que justifica la represión y el abuso policial, el robo al erario, la invasión a la propiedad ajena basado en la fuerza, en fin, la barbarie, y todo por tumbar a medias la dictadura, nos explicó.

Su tesis de que en la realidad socio cultural del pueblo dominicano todavía quedan rastros del trujillismo es compartido por muchos sociólogos e historiadores, entre ellos Alejandro Paulino, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, quien señala que un gobierno de 30 años produjo una sociedad marcada por la ideología y los valores políticos de Trujillo Molina, quien reestructuró el Estado para que sirviera fundamentalmente a su interés personal.

Patricia Solano, periodista.

¿Cómo se perpetua esto a través del tiempo? Patricia resalta el hecho de que Juan Bosch llegó al poder en 1962 con un discurso de libertades públicas, pero fue derrocado siete meses más tarde.

Esta es la hora en que todavía en este país la mayoría de las personas comunes y corrientes no se sienten sujetos de derecho. Cuando nos invade esa sensación de estar en la selva, donde prima la ley del más fuerte, no hacemos el vínculo que tiene esa situación con la relación política entre el Estado y la ciudadanía, y sin embargo, esa fuerte inclinación a saltarse la ley e imponerse a la fuerza, que la tiene aquí desde un general hasta un chofer de carro público, viene de ese aprendizaje. Derrocamos al tirano pero el sistema de valores quedó casi intacto, cuenta.

¿Qué cambió con el ajusticiamiento? No podemos ser fatalistas y negar que con la muerte física del tirano hubo cambios en la sociedad dominicana. Solano explica que a partir de ahí fue distinta la concentración de poder, y además el sistema económico, que durante la dictadura se sustentaba en prácticas monopólicas y un aparato de explotación y saqueo, que Bosch nombró como único en América (ver «Trujillo: Causas de una tiranía sin ejemplo»).

A la caída de la dictadura, el hecho de no enmarcar al Estado dominicano en un esquema de respeto a la ley hizo que las relaciones económicas se basaran en privilegios. Como Bosch no estaba dispuesto a tolerar esa práctica de asalto al erario a manera de botín, le dan el golpe de Estado. Ahí entonces se transforma el modelo de Trujillo de saqueo intensivo al Estado en una repartición selectiva que sólo se diversifica, pero saqueo al fin, atropella toda base para organizar este país, hacerlo competitivo y encaminarlo al desarrollo sostenible, el que provee bienestar a la mayoría, afirma.

Cuestión de impunidad. Pero es tal vez la sensación de sentirse intocables por la ley y las manos de la justicia, la herencia más lastimera de la dictadura de Trujillo. Al respecto, Patricia nos dice que no ha habido justicia para los delitos contra la gente ni para los delitos contra el Estado mismo, es decir, el robo.

Como resultado de esto, continúa explicando la periodista, las consecuencias han sido funestas para el desarrollo.

Aún con crecimiento económico sostenible, todavía aquí se va la luz y la gente muere porque no tiene lo que cobra un hospital público, que debería ser gratuito. La mala calidad de los servicios públicos son una sentencia de muerte para la mayoría pobre: salud, educación y seguridad social.

Prosigue indicando que la impunidad del robo es tal que un hijo de Angelita Trujillo piensa que a lo mejor ellos pueden «recuperar» fincas y casas. ¡El colmo, dice.

También existe quien cree que Trujillo `no era tan malo´ porque ve las carencias y problemas del presente, ignorando que todo esto es producto, no sólo de lo que pasó entre 1930 y 1961, sino además del hecho de que nunca se haya hecho justicia, sostiene.

Lo cierto es que a 52 años del ajusticiamiento del tirano República Dominicana debe cerrar el capítulo del delito de Estado cuanto antes, creando una Comisión de La Verdad que juzgue y sentencie.

Nada sería más saludable para las presentes generaciones, desde todo punto de vista, pero principalmente, para generar el esperado cambio de cultura política, concluye Patricia.